El referéndum -aún en duda- está fijado para el 1 de octubre.
La justicia española suspendió la consulta, pero sus impulsores esperan llevarla a cabo.
Policías y guardias civiles refuerzan la seguridad en la zona.
La Policía de la región de Cataluña, conocida como Mossos d'Esquadra, advirtió este miércoles del riesgo de alteraciones del orden público con motivo del referéndum secesionista del 1 de octubre en ese territorio, suspendido por la Justicia española, pero cuyos impulsores quieren mantener.
Las autoridades españolas han trasladado temporalmente a la región a miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para unirse a los algo más de 16.000 "mossos", con el objetivo de evitar esa consulta para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad.
Sin embargo, los impulsores de esa consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, se mantienen decididos a llevarla a cabo, a pesar de las indicaciones de la Fiscalía, que ha ordenado precintar los centros escolares que sirven de colegio electoral, para evitar que alberguen la votación.
El jefe operativo de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió este miércoles a cumplir con las órdenes de la Fiscalía para impedir el referéndum, aunque alegó que se ajustarán a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia", ante el riesgo de alteraciones en el orden público.
Así lo manifestó Trapero en la reunión con los jefes de la Policía española y la Guardia Civil para coordinar la seguridad ante la jornada del domingo y cuyo liderazgo ha asumido un coronel de la Guardia Civil enviado por el Ministerio del Interior.
Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el día 1 e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.
En este contexto se enmarca la advertencia del jefe de los Mossos, ante el temor de que una intervención policial ante un grupo de concentrados pueda degenerar en desórdenes.
"Indicios de sedición"
A este respecto, y en el plano judicial, la Audiencia Nacional percibe indicios de sedición (delito penado con cárcel) en los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente por el hostigamiento a agentes de la Guardia Civil durante una operación policial contra el referéndum ilegal del día 1 de octubre.
El tema de la seguridad también estuvo presente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá "mientras sea necesario".
La izquierda representada por Podemos acusó a Zoido de que la única propuesta del Ejecutivo español para Cataluña sean "balines de goma, cañones de agua y cárcel", dijo la diputada Irene Montero.
Mientras tanto, otros grupos, como los socialistas (PSOE) y los liberales (Ciudadanos) hicieron llamamientos al Ejecutivo catalán para que retire su pretensión de una consulta y recuperar el diálogo con el Gobierno español.
La vicepresidenta del Gabinete, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a ambas formaciones mantener la unidad tras la jornada del próximo domingo y acusó a los independentistas de pretender "limitar" en Cataluña los derechos de quienes no piensan como ellos.
Desde las filas secesionistas, el ex presidente de la región catalana Artur Mas (2010-16) alertó también del "problema de orden público" que puede generar el Estado si intenta "precintar Cataluña" para impedir el referéndum: "Están poniendo en peligro la seguridad pública, con una desproporción total y absoluta", opinó.
En este contexto, el actual líder catalán, Carles Puigdemont, ha convocado para mañana la llamada Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo que agrupa a los responsables en ese ámbito tanto de carácter estatal como regional.
La convocatoria es otra muestra de la distancia entre el Gobierno español y el autonómico, porque la reunión debe hacerse por iniciativa de ambas partes y Puigdemont ha optado por hacerlo de modo unilateral.
