La iniciativa busca invalidar el beneficio entregado a quienes hayan cometido delitos.
Este fin de semana se conoció el caso de José Jesús Véjar, quien había sido condenado por homicidio en 2014.
El Gobierno presentará este lunes el proyecto para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos, luego de que se conocieran al menos seis casos de beneficiados que han cometido delitos.
Este fin de semana se conoció el caso de José Jesús Véjar, quien estaba condenado a cinco años presidio por el homicidio de un recolector de basura en 2014. A este se le asignó en 2022 una pensión de gracia vitalicia equivalente a dos sueldos mínimos no remuneraciones, es decir, alrededor de 600 mil pesos mensuales.
Por este caso y otros cinco más que se conocen, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), señaló en El Diario de Cooperativa que esperan que "las señales sean claras contra la delincuencia y a favor de las víctimas y las familias que quieren vivir tranquilos".
"Esto que le cuesta al Estado de Chile, más de 1.400 millones de pesos al año y 119 al mes, requieren ser revertidas lo antes posible, por lo tanto, nosotros no queremos esperar a la ley, que puede demorar un tiempo, porque mientras se apruebe, estas pensiones se siguen pagando. Creo que es el camino correcto, presentar indicaciones y que se puedan revertir estas pensiones. Yo creo que está bien. Y eso tiene que quedar de manera permanente en la ley, pero también tiene que haber una autocrítica respecto a cómo se entregaron estas pensiones", sostuvo.
Asimismo, deploró que, a su juicio, "acá hubo claramente una falta de diligencia y de acuciosidad en la revisión de los antecedentes; o sea, este Gobierno entregó y subió al doble las pensiones a personas que tenían condenas por hechos ocurridos durante el estallido social".
"¿Qué señal se les está dando? Que delinquir finalmente va a repercutir en una pensión de gracia cuando ni siquiera está acreditada a su calidad de víctima. Creo que hay un romanticismo por el 'octubrismo' y por aquellos que bajo determinadas circunstancias cometieron delitos. Eso es una contradicción y una falta de coherencia con la persecución y con la lucha contra la delincuencia", continuó.
Para el republicano Cristián Araya "esto no se trata solo de una falta de prolijidad, sino de una política de financiamiento del lumpen, y son el Presidente de la República, la ministra del Interior y la directiva del INDH los que deben explicar al país por qué han financiado sistemáticamente a criminales mediante pensiones de gracia".
En agosto de 2023 se aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre este tema, donde se constató que durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) hubo 17 personas con antecedentes penales a las que se le otorgó este beneficio. En tanto, en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric han sido 23.
Ante esto, el diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, destacó que "el Gobierno ha planteado que va a presentar un proyecto de ley a fin de poder modificar la ley 18.056 sobre pensiones de gracia para que estos elementos puedan ser debidamente considerados y eventualmente poder revocar algunas pensiones de desgracia que no cumplen el objetivo para el cual fueron entregadas".
En tanto, el diputado independiente-PPD Jaime Araya reprochó que "naturalmente es contra el sentido común ciudadano y francamente es una burla para los chilenos y chilenas que con impuestos de todo se financien pensiones de gracia para personas que han cometido un delito tan deleznable como el homicidio".
"Me parece que esta situación es impresentable, ojalá el Gobierno pueda ingresar a la brevedad las indicaciones comprometidas y lo haga con suma urgencia, de manera tal de poder tener un mecanismo rápido y eficiente que permita solucionar esta grave situación", instó.
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) conjeturó, en tanto, que "esto parece un trabajo bien hecho de un grupo de personas que se encargó de entregar pensiones de desgracia a los delincuentes. Aquí ya el Gobierno tiene que responder y el Instituto (Nacional) de Derecho Humano también".
"Ya parece una cuestión orquestada. Y lo increíble es que se está procesando al general (director de Carabineros, Ricardo) Yañez, quien además persigue justamente a los delincuentes", manifestó.
La visita de la contralora subrogante Dorothy Pérez a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, quien entregará una opinión jurídica sobre la posibilidad de invalidar las pensiones de gracia con la legislación vigente, fue postergada debido a que se excusó para este lunes.
La iniciativa del Ejecutivo en ese sentido se materializará mediante indicaciones a un proyecto que permanece en la Cámara, que fusionó en uno los tres que presentó la oposición luego de que el año pasado se conoció la primera controversia por el otorgamiento del beneficio a personas con antecedentes penales.
