El abogado Maximiliano Murat, quien representa al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, condenado a cadena perpetua por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, defendió el beneficio de libertad condicional que le fue otorgado.
Murat aseguró que el ex represor cumplió con los requisitos para acceder a la libertad condicional, versión que es cuestionada por las familias de las víctimas.
La comisión de libertad condicional fija una serie de requisitos para poder postular a estos beneficios penitenciarios, como haber cumplido un tiempo mínimo de la condena y también tener una buena conducta en los centros penales, un cierto nivel de escolaridad, haber realizado trabajos en las cárceles, sumado a informes psicológicos.
La crítica apunta a que no se hace diferencia entre si las personas fueron sancionadas por delitos comunes o de lesa humanidad.
"En este caso mi representado, como toda persona que ha cometido algún delito, tiene derecho a rehacer su vida, a rehabilitarse, conforme a lo que señalan además todos los tratados internacionales al respecto", dijo.
El defensor de Sáez manifestó que "él optó siete veces a la libertad condicional y seis informes firmados por psicólogos señalan que sí reconoce el mal causado, sí tenía una voluntad al cambio y sí tenía una conducta psicológica o aspectos psicológicos que daban cuenta de su arrepentimiento y su rehabilitación", sostuvo.
El Gobierno y los familiares de las víctimas del llamado "caso degollados" ya anunciaron que apelarán a la libertad condicional de ex agente.
"Yo he envejecido, mis hijos se han puesto adultos y no queremos que también los nietos sigan pisando los pasillos de los tribunales buscando justicia y diciendo 'no a la impunidad'", dijo ayer, tras una reunión con el Ministerio de Justicia, Verónica Antequera, viuda de Manuel Guerrero.
