Tomás Hirsch (Acción Humanista), Héctor Ulloa (ind-PPD), Juan Santana (PS), Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillán (ind-Social Cristiano) fueron sorteados para integrar la instancia.
El libelo fue presentado por 10 diputados de oposición y contiene siete capítulos.
Mayoría oficialista tendrá la comisión encargada de analizar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Tras un sorteo realizado durante la tarde de este lunes, los elegidos para conformar esta instancia fueron Tomás Hirsch (Acción Humanista), Héctor Ulloa (independiente-PPD), Juan Santana (Partido Socialista), Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional) y Gloria Naveillán (independiente-Partido Social Cristiano).
Al respecto, Becker señaló que "yo espero que el número de diputados de izquierda versus los de derecha no predisponga el resultado de esta Comisión, sino que simplemente se analicen los temas y en definitiva se puedan tomar las decisiones y conclusiones, de acuerdo al mérito de cada uno de los puntos que se han planteado".
"Y en ese sentido, creo indispensable hacer un buen trabajo y ese es el compromiso de al menos quién ha sido sorteado en el día de hoy a la Comisión Investigadora", añadió.
Hirsch, en tanto, prometió "desde ya una garantía total y plena de que vamos a hacer un trabajo serio, responsable, independiente de las opiniones que, por supuesto, los cinco miembros de la comisión evidentemente tienen".
El libelo lleva la firma de tres parlamentarios del Partido Social Cristiano, dos de RN, dos de la Unión Demócrata Independiente, uno del Partido Republicano, un independiente de Evolución Política y una del Partido de la Gente, todos de oposición.
La acusación fue entregada a la oficina de partes de la Cámara Baja pasadas las 16.00 horas y esta misma tarde se dio cuenta en la Sala.
El libelo contiene siete capítulos de infracciones a la Constitución, la mayor cantidad que haya enfrentando alguna vez un ministro de Educación.
Inicialmente, la acusación fue impulsada por una guía de educación sexual y de género que, según ellos, afecta al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A esta han ido sumando argumentos que van desde las deficiencias del sistema educativo para responder a los incidentes ocurridos en algunos centros educativos emblemáticos, hasta los resultados de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de 2022.
"Tenemos la convicción de que el ministro de Educación está en una situación de inejecución de leyes importantes para el país, que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa", dijo el diputado y secretario general de RN, Diego Shalper.
Otro de los puntos de la acusación apunta a supuestas irregularidades de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que perjudicarían al erario público, como un presunto pago de raciones alimentarias que finalmente no se entregaron.
"El ministro no solamente no ejecuta correctamente las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa ni supervigila un servicio dependiente de él que, de acuerdo a los datos que manejamos, habría entregado fondos públicos por más de 110.000 millones de pesos de manera irregular, ya sea por raciones alimenticias que finalmente no se entregan o pagando raciones alimenticias que están fuera de contrato", sostuvo al respecto, el diputado Schalper.
Posteriormente, el militante RN advirtió que "las personas que nos han entregado esta información tienen mucho temor a represalias por la entrega de esta información. Quisimos ponerla a disposición de la opinión pública en esta acusación constitucional".
"Vamos obviamente a traer durante la instrucción del proceso, los antecedentes arriba de la mesa para que se conozcan y no tenga duda que cuando sea el minuto vamos a llevar estos antecedentes ante el Ministerio Público y ante la Justicia, porque aquello que en esta oportunidad configura una irregularidad también podría ser constitutivo de delito", puntualizó el diputado.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) afirmó que "ahí es donde no hay trasparencia en la licitación de lo que son los alimentos de los niños, que esto se hace con instrumentos, se hace previamente. Y ahí es donde hay un nudo que tiene que investigarse, tiene que aclararse".
Tras la presentación del documento oficial en el Congreso, Ávila dijo que prefiere "no creer que hay motivaciones distintas" a las relacionadas con su rol en la cartera, aludiendo a posibles críticas por su orientación sexual.
"No puedo referirme porque probablemente es parte de esto que ustedes señalan, que es un capítulo de la acusación. Ahora, me gustaría dejar en claro que eso es parte de una acusación, yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto de que si hay o no hay una irregularidad", puntualizó el titular de Educación.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara Baja -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado, que luego debe actuar como jurado.
El proceso contra Ávila cuenta con el respaldo de todas las bancadas opositoras, salvo de Evópoli, que al menos hasta ayer no había resuelto su postura.
Con todo, si todos los comités opositores e independientes de derecha actúan en conjunto llegarían a 70 votos (23 de la UDI, 23 de RN, cuatro de Evópoli, 12 de Repulicanos, siete independientes-socialcristianos, además de Gonzalo de la Carrera); y a 71 con la suma de la PDG Karen Medina, que firmó el libelo a título personal.
El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Alberto Undurraga, declaró que, como bancada, "lo que vamos a hacer en la acusación al ministro de educación es revisar los antecedentes, estudiar la acusación constitucional, y resolver en su mérito".
"El ministro tiene problemas de gestión, algunos bastante serios. Pero una cosa son los problemas de gestión, y otra, si ellos dan mérito o no para una acusación constitucional. Eso es lo que vamos a estudiar", añadió.
