Una vez más, este martes -como ha sido la tónica desde hace varias semanas- el ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), tuvo que salir a referirse a la permanencia en su cargo del director administrativo de la Presidencia, Cristián Riquelme.
El ingeniero civil, miembro del PPD y de la llamada G-90 liderada por Rodrigo Peñailillo, sumó durante las últimas horas un nuevo flanco de críticas al revelarse -mediante un reportaje de Ciper- que dos empresas creadas por él y manejadas por sus cercanos firmaron contratos con el Estado por 417 millones de pesos entre 2013 y 2015.
Consultado esta mañana por el asunto, el ministro Burgos dijo ante un grupo de periodistas: "Sobre el tema que me preguntan voy a ser súper franco".
"Yo tengo una opinión sobre eso y la opinión se la voy a dar a Su Excelencia, la Presidenta de la República, cuando vuelva -que ya está pronto- de su periodo legal de vacaciones", manifestó.
Requerido por mayores precisiones, Burgos dijo tres veces: "No tengo nada más que agregar", y luego reiteró, textualmente: "Yo tengo una opinión y esa opinión se la voy a dar a Su Excelencia, la Presidenta de la República, cuando vuelva de su periodo legal de vacaciones".
Esta frase es casi idéntica a la que pronunció el propio Burgos hace más de un mes, el 11 de enero, cuando, interrogado por si tenía o no una opinión respecto de la continuidad de Riquelme en La Moneda, señaló: "La tengo, pero no corresponde que la señale todavía".
Para ese entonces el militante PPD -ya muy cuestionado por sus vínculos con el caso Caval- enfrentaba nuevos cuestionamientos luego de conocerse que el operador político de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli declaró ante la Fiscalía haberle concedido "préstamos" por 32 millones de pesos a raíz de sus "compromisos políticos con la campaña" presidencial de Michelle Bachelet.
La figura de Cristián Riquelme parece haberse convertido en un dolor de cabeza para el ministro Burgos. (Foto: Agencia UNO)
El miércoles de la semana pasada, a raíz de que las declaraciones de patrimonio e intereses de Cristián Riquelme estaban incompletas, Burgos tuvo que aclarar que la reserva de ciertos datos no era "contraria a la ley", pero lo ideal era que los funcionarios públicos las hicieran "lo más amplias posible", con "una apertura total".
Al día siguiente, luego de que el director administrativo completara los formularios, Burgos señaló en forma tajante, respecto de la permanencia de éste en su puesto gubernamental: "No es una cuestión que me corresponda a mí (decidir), depende de otra orgánica y si se mantiene es porque hace bien su función".
Cabe recordar que el informe de la comisión investigadora sobre el caso Caval -aprobado de manera unánime en la Sala de la Cámara de Diputados el 20 de enero- incluyó una "censura" a la figura de Riquelme, y desde entonces parlamentarios tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos han coincido en pedir su salida.
Tarud pide "renuncia en las próximas horas"
Esta tónica se mantuvo durante la presente jornada y fue el propio jefe de la bancada de diputados del PPD, Jorge Tarud, quien consideró que "la permanencia del señor Riquelme es insostenible y le está provocando un enorme daño al Gobierno y a la propia Presidenta Bachelet".
"Él debería dar un paso al costado, ojalá en las próximas horas... Puede o no haber actos irregulares, pero aquí estamos frente a un tema ético. Por lo tanto, su renuncia debe ser indeclinable en las próximas horas", sentenció Tarud.
Una postura similar manifestó en la sede de la UDI el diputado Felipe Ward, quien afirmó que "no se entiende por qué (Riquelme) sigue trabajando en La Moneda".
"Es la primera pregunta que le haría a la Presidenta (Bachelet), que le haría a la actual vocera (Claudia Pascual); a quien quiera hablar de este tema en el Gobierno: ¿Por qué sigue trabajando Cristián Riquelme en La Moneda, cuando está amplia y justificadamente cuestionado por el caso Caval?", dijo Ward.
"Ahora se suman estos antecedentes, que son gravísimos: el tener más de 400 millones de pesos en contratos relacionados con el Estado en empresas que formó y de las cuales tomó parte también, incluso siendo funcionario público. Naturalmente que (los hechos conocidos) lo descalifican para seguir trabajando en el aparato público", sentenció el parlamentario gremialista.
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