"Nosotros objetamos decisiones jurisdiccionales; no conductas de un juez en particular", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al comentar este miércoles, en entrevista con El Diario de Cooperativa, la ofensiva del Gobierno en contra de la resolución emitida por el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien autorizó la realización de videollamadas a cuatro internos Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
La orden de Urrutia fue emitida el 25 de enero de este año en beneficio de los cuatro internos; sin embargo, Gendarmería interpuso un recurso de apelación a dicho mandato y argumentó que el hecho es "particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración".
Tras lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago informó el lunes que declaró admisible el recurso de la institución penitenciaria.
"En este tema", señaló Cordero, "tenemos una diferencia que, además, hemos llevado a tribunales -Gendarmería en concreto- contra una decisión jurisdiccional. Y creo conveniente -y eso lo aprendí mucho antes de ser ministro- que uno litiga contra decisiones jurisdiccionales, no contra personas".
El titular de Justicia insistió en que "esa decisión jurisdiccional a nosotros nos parece que adolece de defectos jurídicos, que compromete la seguridad del establecimiento de máxima seguridad, que no cumple con las reglas penitenciarias internas para efectos de las visitas y el medio de comunicación, sobre todo porque máxima seguridad tiene mucha relevancia a quien usted tiene al otro lado de la comunicación y, por lo tanto, eso ha llevado a Gendarmería a hacer esa impugnación y ha llevado al Gobierno a insistir en la importancia de revertir esa decisión".
Consultado si la polémica en torno a este caso ha complicado la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, Cordero lo descartó: "No, no, porque si fuera por eso... Los jueces toman todos los días decisiones complejas y delicadas en las cuales uno puede estar a favor o en contra, pero en un Estado de Derecho uno entiende que el Poder Judicial es un órgano independiente y cuando uno no está satisfecho con alguna de sus decisiones, en el ámbito jurídico lo que corresponde es la impugnación, que es lo que se ha hecho acá".
"De lo contrario", advirtió, "lo que uno puede hacer es algo que es muy peligroso: transformar decisiones institucionales en decisiones personales".
En relación a la solicitud de remoción de Urrutia realizada por parlamentarios de la oposición, Cordero sostuvo que "las decisiones sobre ese tipo de medidas, que están más en el orden disciplinario, es responsabilidad del Poder Judicial y el Ejecutivo lo que no va a hacer es entrar en una disputa personal con un juez, entre otras cosas, porque hoy día lo más urgente para nosotros es revertir una decisión que, en nuestra opinión, pone en riesgo el establecimiento de máxima seguridad".
En esa línea, coincidió en que la decisión de Urrutia es, en medio de la crisis de seguridad, una mala señal: "Por lo mismo, es responsabilidad del Ejecutivo hacer objetar decididamente esas resoluciones judiciales".
