La disposición, en vigor desde febrero del 2022, "dificulta" las deportaciones judiciales, explicó Luis Eduardo Thayer, que urgió al Congreso a aprobar una ley para subsanarla.
Sobre las expulsiones administrativas, afirmó que a esta altura del 2023 se han materializado más de 250, cifra superior a las registradas en años anteriores.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, advirtió en Cooperativa que una modificación del año pasado a la ley respectiva "impide" las expulsiones judiciales de extranjeros que hayan sido condenados por tráfico de drogas a bajas penas de prisión, y que ello incluso acarrea el riesgo de que puedan salir en libertad.
En conversación con Lo Que Queda del Día, el jefe de Migraciones puntualizó que durante el 2023 "hemos tenido una baja" en las deportaciones dictaminadas por tribunales, "porque si comparamos con el 2022, hubo 1.035, y este año estamos en las 529".
Aquello, precisó, "se debe a que hay una dificultad puesto que hubo una modificación legal que impide expulsar a personas condenadas por ley de drogas con penas menores de 5 años y un día".
Se trata de una disposición de la Ley de Migración y Extranjería que intrujo un cambio a la ley 18.216 sobre penas sustitutivas.
Thayer explicó que a los ciudadanos extranjeros condenados por otros delitos a menos de 5 años y un día de prisión, "se les puede sustituir por la expulsión", pero si se trata de la Ley 20.000, "no se les puede conmutar, y es problemático porque pueden optar a otras salidas, como la libertad vigilada".
"La norma rige para quienes han cometido el delito después de febrero del 2022. Por lo tanto, el efecto en la imposibilidad de expulsarlos se está viviendo hoy. El volumen de personas condenadas por drogas con penas bajas y que son extranjeras, son en torno a las 740. No se las puede expulsar porque la ley lo impide", expuso.
En ese marco, resaltó que "el año pasado el Gobierno presentó un proyecto de ley para permitirnos expulsarlas, fue aprobado por la Cámara (de Diputadas y Diputados) y ahora está en el senado", y urgió que "es importante que la modificación pueda tramitarse oportunamente".
En tanto, destacó que "en lo que va del año tenemos 253 expulsiones administrativas materializadas: ya llevamos más que en 2020 (202) y 2021 (246), y vamos a superar las de 2018 (302) porque nos quedan bastantes decretos por materializar".
Por otro lado, ante las descoordinaciones en las versiones que fue entregando el Gobierno sobre el fallido vuelo de expulsión hacia Venezuela de la semana pasada, Thayer volvió a aclarar que "lo que ocurrió es que el permiso que debe dar la autoridad aeronáutica venezolana a la línea aérea no llegó en el momento que debía llegar, y se decidió postergar el vuelo hasta que se garantizara que el permiso iba a llegar a tiempo".
Con todo, de los 12 ciudadanos venezolanos que debían ser deportados por orden administrativa, detalló que "seis ya fueron expulsados en vuelos comerciales y dos ya están detenidos por la PDI y serán expulsados entre hoy y mañana".
Los cuatro restante "habían presentado el martes y miércoles recursos de amparo en la Justicia; estos no tienen antecedentes en el país ni en el país de origen, y la Corte acogió los recursos, al considerar que tienen arraigo" en el país, apuntó.
En el avión iban a ser enviados también 48 "expulsados judiciales, personas que están privadas de libertad y ya cumplieron la condena, y que la Justicia estableció que debían ser expulsados". Actualmente "están en recinto penitenciarios y están siendo expulsados en vuelos comerciales".
