Iniciativa termina con los aportes de empresas privadas a la política.
Desde la UDI critican lógica prohibicionista del proyecto y vértigo legislativo del Gobierno.
"El proyecto está en la lógica planteada en la agenda de probidad y transparencia", sostuvo Jorge Pizarro.
Ningún senador involucrado en casos de financiamiento irregular de la política se inhabilitó en la discusión del proyecto de ley que termina con los aportes de empresas a la política y a las campañas.
Varios de estos parlamentarios participaron activamente en el debate, como Ena von Baer (UDI), el socialista Fulvio Rossi y el gremialista Jaime Orpis.
"Quizás lo que deberíamos hacer es permitirle a los desafiantes iniciar la campaña antes, porque de otra manera no sé cómo van a desafiar a alguien que esté en el cargo", dijo Von Baer en el debate.
Rossi sostuvo que "lo lamentable de cómo está redactado este texto es que vamos a estar dándole el mismo trato a un activista que voluntariamente adhiere a una idea, a un proyecto, a un sueño, igual que una persona que funciona -en la práctica- como un empleado.
"Si esta norma no tiene una sanción asociada al no cumplimiento del programa, puede provocar el efecto totalmente inverso", dijo Orpis.
Quien no intervino en esta parte de la tramitación fue el senador Iván Moreira de la UDI.
El proyecto, entre otras cosas, permite los aportes públicos sólo de personas naturales y algunos anónimos, pero por montos muy bajos y, además, limita el período de propaganda.
Esta iniciativa surgió luego del escándalo de las irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, tras conocerse los casos Penta y SQM, entre otros.
UDI acusó "vértigo legislativo"
Al respecto, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma criticó la lógica prohibicionista del proyecto, lo que podría dificultar el ingreso de nuevos actores que desafíen a los parlamentarios en ejercicio y acusó un vértigo legislativo, por las aspiraciones del Gobierno de aprobarlo antes del 31 de enero.
"Está quedando más o menos. Aquí generan un conjunto gigantesco de prohibiciones que dificultan mucho que las personas puedan darse a conocer de la forma adecuada en sistemas que son distintos: recordemos que cambiaron los distritos, se agrandaron. Faltan restricciones mucho más importantes para el intervencionismo electoral de los gobiernos", apuntó Coloma.
El parlamentario gremialista añadió que "tenemos otro problema: que aquí estamos ante un vértigo legislativo, creo que esto de que el Gobierno se haya autoimpuesto colocar siete proyectos, a cualquier velocidad, para sacarlos, para decir que han cumplido, no genera un proceso legislativo ordenado".
"La derecha habla de apuro cuando no le gusta un proyecto"
Desde el oficialismo, el senador DC Jorge Pizarro respondió que "el proyecto está en la lógica planteada en la agenda de probidad y transparencia que permite limitar el gasto público, fortalecer las facultades del Servel, un mayor control y fiscalización del gasto electoral, reducir los tiempos de campaña, generar igualdad de oportunidades y terminar con esta relación inadecuada entre dinero y actividad política".
Pizarro también comentó que "ojalá tengamos muchos voluntarios en estas campañas, porque la idea es reducir los gastos y que haya una participación ciudadana con mayor compromiso con las ideas, con las propuestas de cada candidato y, si eso es así, evidentemente no se puede valorizar".
Sobre las críticas de Coloma, el timonel de la falange afirmó que "a la derecha cada vez que no le gusta un proyecto habla de apuro legislativo, además porque hay plazos que se tienen que cumplir para implementar esta norma en la próxima elección municipal".
El proyecto se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado y se debatirá hasta su total despacho para su tercer trámite en la Cámara de Diputados, lo que se espera ocurra durante la tarde de este miércoles.
