Fiscalía indaga presunto fraude, lavado de activos y cohecho.
Las diligencias están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
La Municipalidad de Coronel y una de serie de domicilios de esa comuna de la Región del Biobío fueron allanados este miércoles en el marco de una investigación por delitos de corrupción que lleva adelante la fiscalía regional y la Policía de Investigaciones (PDI).
El procedimiento incluyó la casa del alcalde, Boris Chamorro (independiente), las instalaciones de la municipalidad, y la empresa proovedora de servicios del puerto de Coronel Delsava. Esta última, propiedad del hermano del diputado Leonidas Romero.
Las diligencias, a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se enmarcan en una indagatoria con carácter de reservada que lleva adelante la fiscal de Alta Complejidad María José Aguayo, por presunto fraude, lavado de activos y cohecho, tras una denuncia realizada por un grupo económico.
Durante el allanamiento se incautaron equipos computacionales y documentación.
La fiscal anticorrupción del Ministerio Público de la Región del Biobío, María José Aguallo, entregó mayores antecedentes respecto a la denuncia. "Esta es una investigación que comienza a propósito de una denuncia, específicamente de una persona natural (...) quién denuncia distintos hechos relacionados con delitos en materia de corrupción, en la cual se relaciona a distintos personeros, tanto privados como públicos y a distintas empresas", declaró la fiscal.
Además del alcalde, estos allanamientos relacionan al puerto de la ciudad en indagatorias por presunta corrupción.
Respecto a este proceso, desde la Compañía Puerto Coronel aclararon que su gerente general, Patricio Román, y su actual directorio, presentaron "una denuncia ante la Fiscalía Regional del Biobío por distintas irregularidades ocurridas con anterioridad al inicio de su gestión".
"El gerente general, en cuanto tomó conocimiento de estos hechos, los informó inmediatamente al directorio, instancia que dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía, como también la inmediata interposición de una denuncia ante el Ministerio Público", destacó el puerto en una declaración pública.
En este documento se indica también que "la empresa se encuentra a disposición de la Fiscalía para adoptar todas las medidas de resguardo, colaboración y aportar todos los antecedentes que le soliciten para esclarecer lo sucedido y proceder según en derecho corresponda".
Finalmente, Puerto Coronel informó que se "reserva el derecho de ejercer acciones contra todas las personas que le hayan causado perjuicios o que se hayan comportado de manera desleal contra la empresa".
