El representante de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, dijo que "son personas decentes".
"Terminaron siendo rostros de esta tragedia", añadió en la audiencia de discusión de salidas alternativas.
Audiencia se retomará este jueves con la argumentación del Ministerio Público.
Este miércoles, en el Séptimo Juzgado de Garantía, fue el turno de las defensas de los imputados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero del 2010 para pedir a la jueza Carolina Gajardo que se acoja la suspensión condicional del procedimiento.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía Metropolitana Occidente, que permitiría a los acusados no enfrentar un juicio oral, consiste en un pago de 235 millones de pesos a repartir entre las víctimas -en tres cuotas- y pagar 10 millones de pesos para un seminario sobre el 27-F, sumando a la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.
El abogado de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, descartó que el acuerdo fuera un "arreglín" y aseguró que los seis imputados se transformaron en "responsables simbólicos" de la tragedia.
"Todos nuestros imputados, partiendo por Carmen Fernández, son personas decentes. Han entregado una vida al servicio público y que las circunstancias de los cargos que aquella tarde o noche estaban desempeñando los dejó puestos ahí en la lupa del colectivo nacional. Terminaron siendo rostros de esta tragedia, se transformaron en responsables simbólicos", declaró ante el Tribunal.
Además, Fouillioux dio cuenta de lo mal que lo ha pasado Fernández, quien incluso ha recibido amenazas. "Mi defendida ha sido segregada en la calle, ha recibido intentos de agresión", denunció.
Crítica contra los querellantes
Mientras que la defensora pública Alicia Corvalán, que representa al ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett, arremetió contra el trabajo de los querellantes que piden rechazar la salida alternativa.
Apuntó a que "no presentan acusación particular, no presentan demanda civil -salvo un querellante- y ellos dicen, entonces, que esto es injusto. Creo que los querellantes tienen que explicarle a sus representados por qué no ejercieron sus derechos que ellos les estaban exigiendo, que les estaban reclamando, que era justamente era ejercer su derecho de ir a juicio oral".
"Insisto, aquí hay una contradicción evidente entre lo que hicieron, entre sus actuaciones procesales, y entre el discurso que están dando. Tenían todas las facultades legales para que eso lo hubiesen podido hacer distinto. Todas. No se hicieron, entonces, no digan hoy que esta situación no era posible", dijo.
La audiencia terminó este miércoles y se retomará este jueves a las 09:00 horas con la argumentación del Ministerio Público, seguido por las replicas de los querellantes y las duplicas de las defensa previo a que se conozca el fallo de la jueza Gajardo.
