Gobierno argentino dejará de pagar indemnizaciones a víctimas de terrorismo de Estado
Se anunció una auditoría de todos los pedidos de reparación patrimonial para víctimas de estos delitos.
Se anunció una auditoría de todos los pedidos de reparación patrimonial para víctimas de estos delitos.
Se acreditó la participación de estos represores en el secuestro, tortura y asesinato de estudiantes, por su presunta intención de provocar la "subversión en las escuelas".
El Tribunal Nº 1 de La Plata también determinó la culpabilidad de los mismos en otros crímenes de lesa humanidad, que suman más de 600 víctimas.
La Casa Rosada difundió un documental en redes sociales en el que se afirma que un exguerrillero llamado Luis Labraña afirmó inventar el número mientras estaba exiliado.
Mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que "los derechos humanos son para todos", por lo que pidió "verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo".
La agrupación afirmó que el espacio, que se transmite desde 2008, llega a su fin por una "decisión intempestiva" de las autoridades del canal.
A la vez, envió un mensaje al presidente Javier Milei: "Si piensa que por sacarnos del aire acabará con nuestra lucha, se equivoca largamente".
En un debate presidencial, el economista dijo valorar la visión de "memoria, verdad y justicia", aunque pidió empezar "por la verdad" y sostuvo que en realidad fueron 8.753 las víctimas.
Además, prometió una Argentina con "niveles de vida similares a Italia o Francia" en 15 años, si es electo, y añadió que "si me dan 20 Alemania y si me dan 35 Estados Unidos".
El acto fue convocado por la diputada libertaria Victoria Villarruel, quien reclama que se juzguen estos hechos perpetrados por las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros.
Esta ceremonia fue rechazada por organismos de DDHH y organizaciones políticas peronistas y de izquierda, que acusaron a la parlamentaria de pretender negar la verdad del régimen militar.
La organización confirmó una nueva restitución, la primera de este año.
"Gracias Abuelas, por devolverle la identidad a todo un pueblo que las acompaña", expresó el presidente Alberto Fernández.
El Presidente Gabriel Boric expresó su "más sentido pésame al pueblo argentino".
Lula da Silva dijo que la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo "ayudó a crear uno de los movimientos democráticos más importantes de América Latina".
La activista por los derechos humanos fue uno de los rostros que encabezó las protestas contra la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983).
Su labor no terminó con el final de la dictadura y se prolongó a lo largo de años de fuerte compromiso social.
Los condenados tienen entre 79 y 98 años, y participaron en el secuestro, torturas y homicidio de cuatro personas que fueron drogadas y arrojadas al mar.
Se estima que unas 5.000 personas pasaron por el centro clandestino de Campo de Mayo, de las cuales muy pocas sobrevivieron.
Fue anulado el fallo que rechazaba investigar su participación en la explosión en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que le costó la vida a 24 personas.
La jueza que lo dictó no habría considerado que el caso podría implicar una violación de DDHH, por "el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras" a los acusados.
La ministra de Salud enfatizó que la resolución "es mucho más que una 'e'" y llamó a ponerse "en el lugar" de quienes "no se sintieron incluidos en políticas de Estado".
Se fundamenta en tratados internacionales, en el Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en Salud Pública y en un marco normativo de derechos de mujeres y diversidades.
Las fuerzas de seguridad locales reprimieron con dureza a manifestantes que protestaban en rechazo a la vuelta a la fase más dura de aislamiento y el declive de la economía.
La Secretaría de DDHH comprometió indagar la actuación policial, pero también criticó una "campaña de desprestigio" contra la administración provincial, aliada de la Casa Rosada.
El PRO impugna restricciones sanitarias impuestas por el oficialismo, y acusa condiciones indignas en centros de alojamiento preventivo en la Provincia de Formosa.
El Gobierno de Alberto Fernández niega "delitos de lesa humanidad", pero admite que ha habido hechos de "violencia institucional" cometidos por la policía.