Santa Cruz se une a oleada de protestas populares en Bolivia
La ciudad inició este martes una huelga de dos días para protestar contra el alza de los combustibles, que se suma al paro indefinido que desde el lunes se realiza en El Alto contra una transnacional francesa.
Al paro indefinido que decretó El Alto, el municipio más pobre y combativo de Bolivia, se sumó este martes la ciudad de Santa Cruz, al este de La Paz, considerado el motor económico de Bolivia, donde el Comité Cívico llamó a un paro de dos días exigiendo la derogatoria del alza en las gasolinas, decretada por el gobierno, y amenazó con más protestas, según anticipó el dirigente Rubén Costas.
La ciudad de Santa Cruz amaneció este martes totalmente paralizada, con sus principales rutas de acceso cortadas por manifestantes. Los mercados, el comercio, la banca, las oficinas estaban cerrados y mucha gente se movilizaba en bicicletas.
Todos claman para que el presidente Carlos Mesa anule el decreto que lanzó a fines del año 2004 y por el que pone fin a la subvención a la gasolina y el diesel, y eleva los precios de los combustibles entre 10 al 23 por ciento, medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como pre requisitos para continuar la ayuda financiera al endeble gobierno boliviano.
El gobierno central anunció que una comisión de tres ministros visitará Santa Cruz para intentar negociar con los dirigentes cívicos.
El transporte está paralizado debido al bloqueo de las rutas de acceso a la ciudad, situada a 851 kilómetros de La Paz. Los bancos y fábricas no funcionan debido a que la Federación de Empresarios Privados cruceños, también acató la huelga. Los productores agrícolas cruceños son los más afectados por el alza de los combustibles, debido a que éste afecta la producción de soya.
En el caso de El Alto, en las primeras horas de este martes se reactivaron los bloqueos que el lunes paralizaron casi por completo la circulación en la ciudad, que está unida a La Paz por una carretera de 12 kilómetros.
El objetivo de esta medida de presión es lograr la expulsión de la empresa francesa Suez Lyonnaise des Eaux, responsable del suministro de agua y alcantarillado, a la que organizaciones de vecinos acusan de aplicar tarifas abusivas y de incumplir el contrato de concesión. (EFE)