CDE estudia sumarse a petición de desafuero de Sergio Fernández
Clara Szczaranski no descartó que la entidad que dirige se haga partícipe de las acciones que emprenderá el abogado Eduardo Contreras para que el ex ministro de Pinochet sea procesado.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, manifestó la intención de hacerse parte de la petición de desafuero contra el senador Sergio Fernández, por su vinculación con la "Operación Cóndor" mientras era ministro del Interior, entre 1978 y 1982.
Si así lo determina el CDE, se sumará a las acciones que anunció el abogado Eduardo Contreras, para solicitar el desafuero del parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ante el ministro en visita Juan Guzmán Tapia, que instruye el caso.
Dado que el Consejo se encuentra en receso estival, la abogada expresó que es muy probable que el asunto sea sometido a discusión.
"Yo, seguramente, el tema lo voy a llevar para que el pleno lo analice y ahí se barajan todas las opiniones. Ustedes saben que es un ente colectivo donde todo se analiza por todos los lados", señaló Szczaranski.
El desafuero de Fernández, y un eventual encausamiento, se sumaría al sometimiento a proceso contra el ex ministro de Interior (1974-1978) general (r), César Benavides Escobar, por su calidad de cómplice en la desaparición de cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1976, procesamiento que se enmarca en el caso "Operación Cóndor", que investiga el juez Juan Guzmán.
Sumado a ello, el magistrado ya había procesado a Benavides Escobar y al general (r) Enrique Montero Marx -quien también fue ministro del Interior de la dictadura- en calidad de cómplices de 20 secuestros calificados en la llamada "Operación Colombo".
Para el abogado querellante, Hernán Quezada, es un deber de la Justicia buscar responsabilidades en "el ex ministro Sergio Fernández y de otros personeros de la dictadura, que como todos recordamos, tuvieron una exorbitante poder en esos años".
Para Quezada, estos cargos "sin lugar a dudas le daban, no sólo conocimiento sino que muchas veces le permitían tener acceso a importante información acerca de personas que estaban siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país y que sin embargo se abstuvieron de ejercer funciones, de informar a los tribunales de justicia, como correspondía acerca de la situación de esas victimas".