Abogado Contreras pidió desafuero de ex ministro Sergio Fernández
El libelo acusatorio argumenta que el ex ministro del Interior de la dictadura declaró a la Justicia no tener información sobre personas desaparecidas mientras ejercía el cargo.
La comisión política del Partido Comunista (PC) acompañó al abogado Eduardo Contreras a entregar al juez Juan Guzmán la petición de desafuero contra el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Fernández.
En el libelo acusatorio se plantea que Fernández tendría responsabilidad, como encubridor o cómplice, de violaciones a los derechos humanos mientras era ministro del Interior entre 1978 y 1982.
Los tres casos presentes en el texto, señalan los nombres de tres personas desaparecidas por su oposición a la dictadura. Guillermo Roberto Beausire Alonso, ciudadano británico que desapareció en el contexto de la "Operación Cóndor"; José Campos Cifuentes 30 años, ex seminarista y estudiante de Enfermería; y Luis Quinchavil Suárez, profesor de lengua mapuche en una universidad en Holanda.
En el documento, Contreras acusó a Fernández de haber declarado a la Corte de Apelaciones que no existía información acerca de estas personas.
Además, en el recurso, se solicita una serie de diligencias como citar a declarar a varias personas que durante el régimen militar fueron defensores de los derechos humanos, como monseñor Hernán Precht, quien fue vicario de la Solidaridad; el abogado Javier Egaña Barahona y al diputado Carlos Montes, quien fue detenido en 1982.
Luego de hacer el trámite, el abogado se refirió al Ministerio del Interior de la dictadura como "el Ministerio de la represión", pues existe "un conjunto de elementos que se desprenden del propio expediente 'Operación Cóndor' y de otros antecedentes que demuestran que el ministro de la época, el ministro del 78 al 82 primero y después del 87 al 88, no podía sino conocer lo que estaba ocurriendo con la represión".
"Hay un oficio por todos conocidos en que él (Fernández), incluso, se permite negar la existencia de centros de detención como Villa Grimaldi o como José Domingo Cañas y otros", agregó.
Por su parte, el Gobierno valoró la acción de Contreras y señaló que serán los tribunales los que asignarán las responsabilidades individuales.
"Me parece, absolutamente, legítimo; es lo que normalmente corresponde, es decir, siempre los que estamos en estos cargos, siempre tenemos responsabilidad política, y en consecuencia, si usted me pregunta que me parece muy bien", dijo el vocero de La Moneda, Francisco Vidal.
El juez Guzmán no tiene plazo para leer ni para atender la petición de los querellantes, tampoco para elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones.