Diputado Aguiló presentará querella contra Sergio Fernández
La acción legal del parlamentario del PS busca comprobar que su detención y las torturas a que fue sometido fueron autorizadas por el ex ministro del Interior de la dictadura.
Este martes 8 de marzo será presentará ante la Justicia una querella por secuestro, tortura y asociación ilícita en contra del ex ministro del Interior Sergio Fernández y los agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) que resulten responsables de los delitos, según anunció el diputado socialista Sergio Aguiló.
Al legislador se suman otras víctimas de torturas y secuestros, así como la Corporación de Derechos Ciudadanos, encabezada por el ex secretario del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios.
La acción judicial será la respuesta a las declaraciones del actual senador UDI, quien aseguró que no estuvo en conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Derechos Ciudadanos, expresó que la detención de Sergio Aguiló -en 1981- fue suscrita por el entonces ministro del Interior, Sergio Fernández.
"Después de ocho días de secuestro y de tortura brutalmente aplicada a Sergio Aguiló... se le pone en conocimiento que el había sido detenido en virtud del decreto exento 3508 que había suscrito Sergio Fernández en su calidad de ministro del Interior", declaró la abogada.
En tanto, el diputado Aguiló explicó que aunque nunca estuvo en sus planes iniciar una querella, tras las declaraciones del senador Fernández cambió de opinión.
"En virtud de las declaraciones mentirosas que ha hecho (Fernández), diciendo que el nada sabía del actuar de la CNI, es que me ha parecido una obligación moral contribuir con un grano de arena con lo que están haciendo otros chilenos y otras chilenas al denunciar el rol que jugó Sergio Fernández, un papel explícito en el montaje de la tortura, todo como engranaje de reloj, perfectamente articulado y desde luego dirigido por el ministerio del Interior", expresó el legislador.
Por su parte, Arturo Barrios, director ejecutivo de organismo privado, agregó que el ex secretario de Estado debe asumir su responsabilidad, civil y penalmente, además de no excusarse de la carga política que le cabe en los hechos.