Hijo de Tucapel Jiménez: Decisión del Gobierno es una "bofetada"

Como una "bofetada" a su familia y a los trabajadores de Chile calificó Tucapel Jiménez hijo la conmutación de la pena al suboficial (r) del Ejército Manuel Contreras Donaire, condenado como autor material del crimen de su padre, en 1982, el sindicalista de Tucapel Jiménez Alfaro.

"Nos hemos enterado por la noticias, viendo al ministro del Interior, Francisco Vidal, explicando lo inexplicable. Es una bofetada no sólo a la familia, sino que a los trabajadores de Chile y especialmente a los empleados públicos", dijo Jiménez a la prensa en compañía del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente.

Jiménez agregó asimismo que su familia se opone a que el Ejecutivo tenga capacidad de otorgar indultos, ello pese a que el vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, corrigió lo expresado con anterioridad por Vidal, diciendo que la medida consiste sólo en la conmutación de la pena.

"Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. Creemos que no le hace bien a la democracia que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, interfiera en una decisión ya tomada por otro poder del Estado, que es el de Justicia", sostuvo.

Por su parte, Rodrigo Jiménez –otro de los hijos del asesinado sindicalista- señaló que lo que más molestia le causó fue la confusión que se generó entre el ministro del Interior y el vocero de Gobierno respecto a qué era este beneficio.

Al anunciar la medida este jueves, Vidal dijo que "en el uso exclusivo de sus atribuciones exclusivas en algunas materias, el Presidente, hace dos o tres semanas, procedió a indultar a este suboficial de Ejército, cuyo nombre es Manuel Contreras Donaire".

Sin embargo, Puccio afirmó poco después que el beneficio no es un indulto presidencial "sino que se trata de una decisión a nivel del Ministerio de Justicia, en la cual reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de penas, etcétera, se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería".

Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi. Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.

Una semana antes de ser asesinado por disparos y degollamiento, Jiménez había hecho un llamado a la unidad de todas las organizaciones sindicales para combatir al régimen de Pinochet.

Tras una infructuosa investigación de 17 años realizada por el ministro Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del Poder Judicial, la Corte Suprema nombró al juez Sergio Muñoz como ministro extraordinario del caso.

En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.

Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado por Muñoz a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (8 años), quienes permanecen encarcelados.

Como autores intelectuales, fueron condenados a 8 años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer.

Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.

En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 días de presidio remitido.