Cura belga es el primer europeo detenido por genocidio en Ruanda
El sacerdote Guy Theunis es acusado de fomentar la violencia de las tribus hutus contra tutsis y hutus moderados, tras la muerte en 1994 del presidente Habyarimana.
Un sacerdote belga se transformó en el primer ciudadano europeo detenido por las autoridades ruandesas, acusado de participar en el genocidio llevado a cabo en la nación durante 1994, ante la sorpresa del Gobierno de Bruselas, que ya pidió explicaciones oficiales.
El padre Guy Theunis, de 60 años, de la congregación Misioneros de Africa, también conocida como "Padres Blancos", fue arrestado el pasado martes en el aeropuerto de la capital, Kigali.
"Su caso será juzgado por los tribunales ordinarios, ya que los tribunales populares han decidido que no tienen competencia para ello", dijo el secretario general del Ministerio de Justicia, Johnston Busingye.
El funcionario agregó que "las acusaciones caen en la categoría máxima de planificadores del genocidio y las cortes populares juzgan sólo a los ejecutores".
Theunis compareció el domingo 11 de septiembre ante las cortes populares, conocidas como "gacaca", donde, vestido con el uniforme rosa de los presos ruandeses, se defendió en la lengua local ante más de 1.000 personas de las acusaciones que pesan en su contra.
Estas incluyen haber alentado la ideología genocida desde las páginas de la revista Diálogo, que él editaba y donde reprodujo extractos de Kangura, una publicación extremista cuyo redactor jefe fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que funciona en la ciudad tanzana de Arusha.
El cura también es acusado de haber enviado faxes a Europa en los primeros días del genocidio, "en los que nunca indicó que los tutsis estaban siendo masacrados", según un investigador de derechos humanos que testificó ante el tribunal.
El padre se declaró inocente y alegó que seguía órdenes de sus superiores cuando firmó los documentos y que las decisiones eran tomadas por el jefe de la congregación, el también belga Jef Vleugles.
El ministerio belga de Relaciones Exteriores expresó su "sorpresa" y "preocupación" por el arresto de Theunis, quien vivió en Ruanda entre 1970 y 1994.
El canciller Karel De Gucht convocó al embajador ruandés para pedirle explicaciones, sorprendido por el hecho de que el expediente judicial de Theunis "nunca nos fue trasmitido por Ruanda, cuando nuestro país ha demostrado en el pasado que las personas que estuvieron implicadas son perseguidas aquí", señaló un comunicado oficial.
Bélgica juzgó y condenó en 2001 a dos monjas ruandesas por su papel en las matanzas, que comenzaron el 6 de abril de 1994, horas después de la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue derribado poco antes de aterrizar en Kigali.
Durante tres meses, organizadas por las autoridades hutus entonces en el poder y alentadas por líderes locales y por la radio y la televisión Mil Colinas, las matanzas se cobraron, según distintas fuentes, la vida de entre medio millón y un millón de tutsis y hutus moderados.
Muchas de las matanzas en Ruanda, que era el país más cristiano de Africa y donde un 60 por ciento de la población abrazaba el catolicismo, se produjeron en iglesias, donde la gente buscó refugio.
En febrero de 2003, el TPIR condenó por genocidio al pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Elizaphan Ntakirutimana, y otros cuatro religiosos están detenidos y a la espera de juicio.
Dado que muchos ciudadanos comunes cometieron los asesinatos, los detenidos tras el genocidio superaron pronto los 100.000 y, consciente de que le llevaría más de 100 años juzgarlos por la vía ordinaria, el Gobierno lanzó la "gacaca".
Según este sistema, los prisioneros son llevados al lugar en el que presuntamente cometieron sus crímenes, donde ellos mismos y los habitantes testifica en contra o favor del acusado ante un panel de jueces elegidos por y entre la población.
Para los responsables de alto rango del genocidio se reservan los tribunales ordinarios, donde pueden ser condenados a pena de muerte.
Organizaciones como Amnistía Internacional han admitido que la "gacaca" es el único modo de hacer justicia en Ruanda, pero al mismo tiempo muestran preocupación respecto a las garantías legales de los acusados, ya que éstos carecen de abogado defensor, y no pueden recurrir la calificación de sus crímenes.
"Eso dicen quienes no conocen el sistema, pero nosotros lo consideramos equitativo y justo", respondió el director de la Unidad Jurídica de la "gacaca", Augustin Nkusi. (EFE)