Patio 29: tres familias presentaron millonaria demanda contra el Estado
Los familiares de Luis Dávila, Javier Sobarzo y Enrique Toledo exigen indemnizaciones compensatorias por una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos por el daño moral que provocó la equivocación del SML.
Tres familias de detenidos desaparecidos, cuyos cuerpos en primera instancia se dieron como hallados entre los restos del Patio 29 del Cementerio General, demandaron al Estado por el error en la identificación reconocido por el Servicio Médico y Legal (SML) en abril pasado.
Los familiares de Luis Dávila, Javier Sobarzo y Enrique Toledo presentaron demandas civiles que alcanzan cerca de 1.000 millones de pesos por el daño moral que les causó el error del SML.
La abogada Julia Urquieta explicó que se exigen al Estado como compensación montos variables para viudas e hijos de los detenidos desaparecidos.
"Son montos variables, pero en general van entre 200 ó 100 millones por cada uno de los familiares. Son tres familias, cuyos cuerpos fueron identificados y, posteriormente, a sus familiares se les notificó que no correspondían", dijo Urquieta.
"Eso ha significado en el caso de muchos de ellos un tremendo dolor ya que hay familiares que están tremendamente afectados por esta situación. Es por eso que nosotros creemos que el Estado debe reparar el daño causado", continuó la abogada.
Rosa Zúñiga, viuda de Javier Sobarzo, manifestó su esperanza de que la Justicia ordene al Estado que "nos recompense en algo lo que hemos pasado moralmente, lo que hemos pasado".
"Nos dijeron que eran ellos los que estaban enterrados, ahora nos dicen que no, ahora están desaparecidos nuevamente. Pienso que jugaron con los sentimientos de nosotros", dijo Zúñiga.
Carlos Toledo, hijo de Enrique Toledo, por su parte, justificó la acción judicial por el hecho de que ellos sepultaron a sus deudos a raíz de los informes errados del SML:
Además, dijo que "se nos entregó en el Registro Civil un certificado de defunción que también está mal hecho, por lo tanto, aquí hay daño y tenemos fe en que la Justicia va a actuar conforme a las disposiciones legales que asegura la Constitución".
Las respectivas demandas quedaron radicadas en los juzgados civiles 19º, 25º y 30º de Santiago. (Cooperativa.cl)