Beni y Pando proclamaron su autonomía ante el rechazo de La Paz
Dirigentes opositores a Morales destacaron el comienzo de un camino sin retorno hacia "un Estado nacional sólido, fuerte, democrático y sin exclusiones".
Las regiones bolivianas de Beni y Pando, gobernadas por opositores al presidente Evo Morales, proclamaron sus estatutos de autonomía que el Gobierno de La Paz considera inviables tras ser impuestos en sendos referendos ilegales.
Según los sondeos a pie de urna, el "Sí" a los estatutos autonómicos obtuvo en estos departamentos, situados en la Amazonía, un amplio apoyo, superior al 80 por ciento.
Las encuestas difundidas por los canales PAT, ATB y Unitel reflejan que el estatuto autonómico de Beni obtuvo un respaldo de entre 80 y 89 por ciento; mientras que en Pando el texto fue apoyado por entre el 82 y 85 por ciento de los votantes.
Los primeros datos oficiales de Pando, facilitados con el 37,06 por ciento de los votos escrutados, arrojan un apoyo del 83,9 por ciento al estatuto de autonomía y una participación del 57,75 por ciento. En el caso de Beni, su administración electoral empezará a ofrecer resultados a partir de este lunes.
Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, todas lideradas por opositores, son regiones que lideran un movimiento autonomista en contra del proyecto constitucional de Evo Morales, cuyo Ejecutivo no reconoce, por ilegales y secesionistas, ni las consultas celebradas en estos departamentos ni sus textos de autogobierno.
Santa Cruz fue el primer departamento en aprobar su estatuto y, tras las consultas celebradas el domingo en Beni y Pando, será Tarija la próxima región en hacerlo, el 22 de junio.
Tras conocerse los datos de los sondeos, los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; y Pando, Leopoldo Fernández, proclamaron el inicio de un camino sin retorno hacia la autonomía para crear "un Estado nacional sólido, fuerte, democrático y sin exclusiones" y para "dejar de ser el furgón de cola" en Bolivia.
Sin embargo, el Gobierno de Morales denunció que estos referendos constituyen un "intento ilegal" para imponer estatutos inviables que "debilitan la legítima causa autonómica". (EFE)