Jueza ordenó al Estado pagar 40 millones por errores del SML
La familia de Pedro Vargas Barrientos recibirá una indemnización por daño moral a raíz de la fallida identificación de cuerpos del Patio 29.
Una jueza condenó al Estado a pagar una indemnización de 40 millones de pesos por daño moral a los familiares de un detenido desaparecido en 1973, cuyo restos fueron erróneamente identificados por el Servicio Médico Legal (SML), informaron fuentes judiciales.
La resolución de la jueza Pilar Aguayo, del Octavo Juzgado Civil de Santiago, favorece a los familiares de Pedro Vargas Barrientos, detenido el 13 de septiembre de 1973 por carabineros y cuyos restos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
En ese lugar fueron sepultados clandestinamente los cadáveres de más de un centenar de opositores a la dictadura.
En el fallo, la magistrada acoge la demanda interpuesta por el abogado Nelson Caucoto, representante de las dos hermanas de la víctima, quienes recibirían -de confirmarse el dictamen de primera instancia- 20 millones de pesos cada una.
En la sentencia Aguayo establece que el Estado debe indemnizar a los familiares "por los daños morales y sicológicos" que se les produjo al cometerse un error en la identificación del cuerpo de Vargas Barrientos, obrero agrícola de Paine.
"Con este fallo se ha comprobado que hubo un error en la identificación de restos que el Estado debe reparar", dijo Caucoto.
El Patio 29
Las exhumaciones en el patio 29 del Cementerio General comenzaron en 1991 y fueron dirigidas por el SML, encargado de las identificaciones de los restos.
En 1994 fueron entregados a los familiares los primeros cuerpos, sin embargo, en abril de 2006 el SML reconoció que había cometido errores en el reconocimiento de al menos 48 de los 96 detenidos desaparecidos identificados.
La situación creó desconcierto y generó nuevos dolores a los familiares de las víctimas, que habían recibido los restos, que sepultaron entre 1995 y 1998.
El Gobierno designó una comisión especial para llegar a la definitiva identificación de las osamentas y reestructuró el Servicio Médico Legal, que comenzó un nuevo proceso de identificación que no termina aún.
La sentencia de la magistrada es la segunda que condena al Estado a reparar económicamente a los familiares de los detenidos desaparecidos afectados por el error del SML.
En octubre de 2007, otro juzgado civil dispuso que el Estado cancelara una indemnización de 100 millones de pesos a la familia del obrero agrícola, Patricio Duque Orellana, desaparecido en octubre de 1973, cuyo cuerpo también apareció en el Patio 29. (EFE)