Masiva protesta rechazó fallo por incendio en supermercado en Paraguay
Un tribunal anuló la pena de 12 años contra el dueño del Ycuá Bolaños.
En el siniestro de 2004 murieron 327 personas.
Cientos de sobrevivientes y familiares de los 327 fallecidos en 2004 en un incendio de un supermercado en Asunción protestaron ante la sede de los tribunales contra la anulación de la condena a los dueños del centro comercial, que hace dos días dejó sin efecto la condena de 12 años de cárcel impuesta a Juan Pío Paiva, dueño del supermercado Ycuá Bolaños, siniestrado el 1 de agosto de 2004.
El cuerpo colegiado también anuló la pena de 10 años prisión a Víctor Paiva, hijo del dueño; de cinco años al guardia del local Daniel Areco y de dos años y seis meses al accionista Humberto Casaccia.
"Las muertes de seres queridos, así como las cicatrices físicas y sicológicas de supervivientes y familiares de víctimas son los más elocuentes testimonios de que las ambiciones y la codicia de unos pocos seudo empresarios, seudo profesionales de la justicia pueden afectar a miles de personas, a todo un país", dijeron en un comunicado los alrededor de 300 manifestantes.
Luego de la protesta, los sobrevivientes y familiares de las víctimas del siniestro, que también causó cientos de heridos, asistieron al sepelio del padre de uno de los fallecidos en la tragedia, quien murió tras sufrir una descompensación cardíaca después de conocer el fallo del tribunal de apelación.
La historia del juicio
Un tribunal de primera instancia había declarado culpables el 2 de febrero pasado a los principales procesados por homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa.
El juicio tuvo que ser repetido luego de anularse el celebrado en diciembre de 2005 por la reacción violenta de los sobrevivientes y familiares ante las condenas menores impuestas entonces.
El supermercado Ycuá Bolaños, situado en un populoso barrio de la periferia de Asunción y que estaba repleto de clientes el domingo 1 de agosto de 2004, fue devastado por el fuego que se originó en la parrilla del restaurante, en el segundo piso del edificio.
La Fiscalía argumentó que las puertas del local fueron cerradas por orden de los dueños cuando comenzó el fuego, para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retiraran sin pagar.