Oposición boliviana paralizó el diálogo por detención del prefecto de Pando
Sectores autonómicos exigen liberación de Leopoldo Fernández.
La autoridad está acusada de haber instigado la violencia en su región.
La detención del prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, provocó este martes que su colega de Tarija, Mario Cossío, interrumpiera las negociaciones que mantiene con el Gobierno para concretar un proceso de diálogo en Bolivia.
El senador tarijeño Roberto Ruiz, que ha asistido a las reuniones entre Cossío y el vicepresidente Álvaro García Linera, confirmó que quedó "suspendido, aunque no roto" el contacto y que su delegación "está retornando a su región" para estudiar el asunto.
Ruiz afirmó además que "la inmediata liberación del prefecto Fernández significaría la inmediata firma del acuerdo de pacificación nacional".
El prefecto de Pando fue detenido por el Ejército en Cobija, capital de ese remoto departamento del norte del país, acusado de desacato al estado de sitio dictado hace cuatro días en la región por el Ejecutivo.
El senador lamentó el arresto, que calificó de "acto abusivo y arbitrario", máxime cuando estaba "prácticamente listo el documento que establece unas bases para el diálogo concertado entre el Gobierno y el movimiento regional".
Aunque insistió en hablar de "suspensión" y no de ruptura de la negociación, Ruiz agregó que "no es concebible" firmar el acuerdo "en el mismo instante en que se detiene al prefecto de Pando".
El documento en el que han trabajado Cossío y el vicepresidente de Bolivia pretendía sentar las bases de un diálogo entre el Gobierno y los opositores autonomistas para resolver el conflicto político que afecta al país, sumido desde hace semanas en una ola de protestas y enfrentamientos violentos.
El episodio más grave de esta espiral de conflictos se produjo en Pando (norte) el jueves 11 de septiembre en un choque armado entre civiles que ha dejado al menos 15 muertos y más de cien desaparecidos, según datos del Gobierno.
Por esos hechos, la Fiscalía General abrió un proceso judicial por "genocidio" contra el prefecto Fernández y otros dos políticos de la región, uno cercano al Gobierno y otro de la oposición pero contrario también al gobernador.