Opositores a Morales suspendieron temporalmente el diálogo con el Gobierno

Los prefectos (gobernadores) opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendieron este miércoles "temporalmente" el diálogo con el Gobierno, al que acusaron de incumplir las bases del proceso de negociaciones con una "cacería" contra ciudadanos y líderes de sus regiones.

En nombre de los prefectos opositores, el gobernador de Tarija, Mario Cossío, anunció la suspensión temporal del diálogo y exigió la intervención directa de Morales para salvar los acercamientos, que no dio por rotos.

"Está en manos del presidente que continuemos o no" el diálogo, afirmó Cossío en la ciudad de Cochabamba (centro), escenario de las conversaciones que comenzaron el 18 de septiembre el Gobierno y la oposición autonomista con el objetivo de poner fin a la ola de conflictos vividos en el país.

El desencadenante de la decisión anunciada hoy por los prefectos fue la detención de un ciudadano del departamento de Tarija (sur) acusado por el Gobierno de participar en uno de los atentados contra gasoductos y refinerías perpetrados durante las protestas opositoras de septiembre pasado.

El gobernador tarijeño denunció que, a lo largo de este proceso de diálogo, los opositores han sufrido por parte del Gobierno "malos tratos, continuas agresiones, amenazas gubernamentales (...) y una permanente guerra psicológica y campañas mediáticas adversas", que, según dijo, han soportado con "estoicismo".

Pero los prefectos consideran "inadmisible" que el Ministerio de Gobierno (Interior) ordenara el martes la detención de "un ciudadano común" en la localidad de Villamontes por haber participado en las protestas opositoras registradas en septiembre.

Según Cossío, se produjeron cuatro detenciones, que calificó de "secuestros", si bien tres de estas personas fueron luego liberadas.

Por ello, reclamó la "palabra oficial" del presidente para que garantice el cumplimiento del acuerdo inicial que dio paso al diálogo y la restitución de las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, defendió en una conferencia de prensa en La Paz la detención del ciudadano tarijeño José Vaca durante "un operativo policial en cumplimiento de una orden fiscal", en el que los agentes actuaron "con todo el respaldo legal que corresponde".

Rada aseguró que no se trató de un "secuestro" y vinculó a Vaca con los asaltos que sufrieron instalaciones hidrocarburíferas en Tarija durante la ola de protestas de septiembre pasado.

Según el ministro, la investigación del fiscal apunta a este ciudadano como uno de los presuntos responsables en los actos de "terrorismo" con los que la oposición autonomista intentó un "golpe cívico-prefectural" contra el Gobierno de Evo Morales.