Denuncia sobre “operadores políticos” recrudece polémica relativa a la Junji
El UDI Gustavo Hasbún acusó a la anterior administración de “faltas éticas” y de “malgastar fondos públicos”.
Acusó el pago de altos sueldos a personal no calificado.
La ex vicepresidenta Estela Ortiz rechazó tajantemente las imputaciones.
Un nuevo capítulo se sumó el domingo a las polémicas que hace una semana rondan a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), relacionadas con dichos controvertidos de su vicepresidenta ejecutiva, Ximena Ossandón, y con la presentación que hizo esta ante la Contraloría de los resultados de una auditoría que acusó un déficit de 4.500 millones de pesos en la entidad.
En la víspera, el diputado UDI Gustavo Hasbún denunció una serie de faltas "éticas" en la contratación de personal no calificado -que sólo contaba con certificado de enseñanza media- y que recibió altos sueldos, superiores al millón de pesos. Esta acusación que se suma a la ya cursada respecto de la firma de 10.000 contratos en fechas cercanas a las pasadas elecciones presidenciales, en un intento de "amarrar" al personal.
Hasbún desmintió ayer a la ex vicepresidenta Estela Ortiz y aseguró, citando datos que dijo haber constatado en la página de Transparencia del Gobierno, que dichos contratos se firmaron 26 de enero, es decir luego de la derrota de la Concertación. La versión de Ortiz plantea que el paso de los funcionarios a planta se efectuó en diciembre de 2009, a fin de honrar compromisos adquiridos con la Asociación de Funcionarios a principios de ese año.
"Esto no tiene carácter de delito, y nosotros lo entendemos como tal, pero aquí estamos en presencia de cómo se malgastaron los fondos públicos. Queremos poner a la luz, para que la gente sepa, cómo se pagaban los favores políticos, porque aquí se contrató a operadores políticos. Entendemos que hacerlo y contratar personal no idóneo para ejercer cargos no es un delito, pero si es éticamente reprochable y a nosotros nos parece que esto es grave", declaró Hasbún, papeles en mano.
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| Hace una semana se denunció a Contraloría un millonario déficit de 4.500 millones en la entidad. (Foto: UPI) |
Los descargos
La citada ex titular de la repartición, Estela Ortiz, negó tajantemente las acusaciones y explicó que las remuneraciones se correspondían con el nivel de experiencia de los contratados, que en muchos casos son reconocidos artista nacionales, que cursaron parte de sus estudios en universidades tradicionales del país o bien obtuvieron sus títulos en el extranjero. Adicionalmente se incluyen personales que, sin necesidad de un título profesional, "se hicieron en el oficio". Pero en ningún caso se contrató a operadores políticos, aseguró.
"En la administración pública hay gente que se puede contratar por su expertise y su experiencia profesional; este es el caso de los honorarios que salen ahí con sueldos altos y que no tienen un título universitario. No hay nadie ahí que haya sido ni operador político ni que no esté cumpliendo o tenga un sueldo acorde a su expertise, a su trayectoria", dijo Ortiz.
"Lamento que los pintores pasen un mal rato; gente como Matías Pinto, Samy Benmayor. Cualquier coleccionista en este país sabe lo que vale una obra de ellos", añadió la ex funcionaria.