Fiscalía investiga trata de personas en fundos de Francisco Javier Errázuriz
Así lo informaron fuentes del Ministerio Público a Cooperativa.
Tres paraguayos denunciaron que fueron sometidos a un régimen de "esclavitud" por el empresario.
El Ministerio Público abrió una investigación ante una denuncia de trata de personas desde Paraguay en un viñedo en la localidad de Santa Ana, en la Región de O'Higgins, en una propiedad del ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, según confirmaron a Cooperativa fuentes de la Fiscalía.
La investigación es llevada a cabo por la Gobernación de la provincia de Cardenal Caro junto al Departamento de Extranjería de la PDI.
La denuncia había sido recogida por el diario paraguayo Ultima Hora, que consigna que el miércoles tres personas huyeron del lugar denunciando un régimen de "esclavitud", viajando a Santiago y luego regresar a Paraguay tras recibir ayuda económica de sus familiares para cancelar los pasajes.
Zunilda Rodríguez Herrera, de 23 años -que estampó la denuncia junto a Norma Mendoza (30) y Gabriel Resquín Paniagua (34)- relató que al llegar a Chile fueron informados que "el amo del lugar" era el empresario Francisco Javier Errázuriz, quien se encargaba "de entrevistar personalmente a los recién llegados", según la prensa paraguaya.
Sólo "una comida diaria y agua salada"Los denunciantes recalcaron que fueron contactados en el barrio San Antonio de Ciudad del Este por un hombre identificado como Aníbal Aquino, quien prometía una ganancia mensual de hasta tres millones de guaraníes (cerca de 750 dólares, unos 350 mil pesos chilenos).
Ya en Chile, los denunciantes eran recibidos por Juan Pablo Aquino, hijo del contacto, quien les relataba que estaban ahí "para trabajar y trabajar".
Ultima Hora consigna que "todos los que se encontraban en el lugar solamente reciben una comida diaria y agua salada. Los que trabajan en los viñedos deben recoger las frutas durante el día y luego pisarlas durante la noche, de acuerdo a lo referido por la víctima".
La ley 20.507El caso se investiga en el marco de la ley 20.507, que reforma el artículo 411 bis del Código Penal para tipificar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, castigando a quienes lucran facilitando el ingreso ilegal de extranjeras.
La ley, que busca que Chile cumpla con las exigencias del Protocolo de Palermo, fue promulgada recién el 1 de abril pasado y que ya ha sido utilizada en casos como el del ciudadano peruano Pedro Guajardo Buenaño, sorprendido hace dos semanas cuando intentaba ingresar a nuestro país con tres mujeres colombianas.