Abogado cuestionó decreto supremo que disuelve protestas: Es normativa hecha por un dictador

Domingo Lovera, profesor de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales,señaló a Cooperativa.cl que la aplicación del Decreto 1086, utilizado para disolver movilizaciones, se basa en criterios "oscuros" y "poco razonables".

Lovera aseveró que "el ejercicio del derecho constitucional está supeditado a la voluntad de un intendente o un gobernador que además opera sobre la base de criterios que son completamente oscuros, poco transparentes y muchas veces poco razonables".

"Las limitaciones tienen que estar establecidas por ley, tienen que ser razonables y no deben constituir un verdadero permiso", manifestó.

Lovera agregó que "en el caso del derecho de reunirse pacíficamente lo que usted tiene, en primer lugar, es una limitación vía decreto, es decir, vía esta decisión unipersonal además de un dictador y no de un Presidente de la República", en alusión a que el decreto fue promulgada en 1983.

Según el académico, "Carabineros lo único que hace es invocar el decreto 1086 así como invoca otros tipos penales", ya que "el único objetivo discrecional y arbitrario de estos tipos legales es tratar de disolver la movilización sin que efectivamente después exista ninguna consecuencia legal".

Eliminación del decreto

Domingo Lovera explicó que la forma de anular el decreto es "a través de la dictación de una ley o a través de una dictación de otro decreto que regule".

El académico resaltó que "el Presidente puede anularlo, pero aquí también hay una pega pendiente de parte del Congreso que puede dictar leyes que regule con un estándar más elevado el ejercicio al derecho de reunirse en espacios públicos".

"Además, se trata de un decreto dictado en dictadura, por lo tanto, tampoco se trata de un Presidente que gozaba de legitimidad democrática", recalcó.