Proyecto de ley del Gobierno convierte en delito las tomas de recintos
Reforma firmada este domingo incluye ocupación de viviendas y recintos educacionales.
Es parte de la iniciativa del Ejecutivo que tipifica el delito de saqueo.
La reforma firmada por el Presidente Sebastián Piñera que busca endurecer las medidas frente a desórdenes públicos, incluye una norma que establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles".
Según publica La Tercera, la norma incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, y quienes los ocupen arriesgan entre 541 días hasta tres años de cárcel.
Junto a ello, el proyecto, además de incluir figuras como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, establece castigos a la falta de respeto a policías, e incluso establece como agravante el actuar encapuchado.
Durante la actividad, el ministro Rodrigo Hinzpeter señaló que, cuando éste se apruebe, quienes cometan "desórdenes públicos, saqueando establecimientos de comercio, tomándose propiedades fiscales o particulares, interrumpiendo servicios públicos o interrumpiendo el tránsito por caminos, van a estar cometiendo un delito".
"Les estamos sacando las capuchas a los encapuchados. Siempre le vamos a aplicar la pena más alta asignada al delito, no vamos a tener ninguna conmiseración ni piedad para aplicarle las penas más bajas", afirmó.
Además, Hinzpeter dijo que como ese material queda grabado, se incorpora una norma que le permitirá a Carabineros "constituirse en un canal de televisión y pedir que el entreguen toda la filmación de los episodios".
Elaboración del proyecto
La elaboración del proyecto estuvo en manos de los abogados Miguel Otero, Juan Domingo Acosta y el senador Alberto Espina (RN), quien apuntó que "va a haber normas que sabemos que van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de alteraciones graves con violencia".
Según publica el diario, la noticia causó sorpresa entre los dirigentes estudiantiles: Laura Palma de la Confech lo definió como "impactante" y "complejo", mientras que el diputado PC Hugo Gutiérrez apuntó a que "criminaliza el movimiento".