Comisión investigadora acusó negligencia de las superintendencias en caso La Polar
Los diputados concluyeron que desde 2006 la SBIF y la SVS aplicaron mal sus facultades fiscalizadoras.
También fueron responsabilizados los ejecutivos de la empresa, el Banco Central y el Sernac.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagó el caso La Polar consideró que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) actuaron con negligencia en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, al menos desde 2006, respecto de esta compañía, informa La Tercera.
Los parlamentarios atribuyeron también responsabilidad en los ilícitos cometidos a los ejecutivos y directores de la firma, a la Superintendencia de Pensiones, al Banco Central, al Sernac, a la empresa auditora PricewaterhouseCoopers, a las AFP, a las clasificadoras de riesgo Feller Rate, Fitch Chile y a la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR).
Los ejecutivos de La Polar son responsables de haber "falseado" los resultados financieros de la empresa y divulgar información falsa al mercado, mientras que los directores por actuar de manera negligente en el ejercicio de sus funciones.
Sobre la auditora PricewaterhouseCoopers se afirma que fue negligente al desempeñar su labor.
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| La instancia no pudo garantizar que prácticas como las de La Polar no ocurran en otras firmas crediticias. (Foto: UPI) |
Según destaca la publicación, la instancia parlamentaria emitió su informe tras casi cuatro meses de trabajo, en los cuales no pudo llegar a la convicción de que prácticas como las que cometió La Polar no ocurran en otros oferentes de crédito no bancarios.
En el documento -aprobado por 12 votos a favor y uno en contra- los diputados expresaron preocupación ante lo "débil, insuficiente y poco confiable que demostró ser el sistema de supervisión financiera y de defensa del consumidor".
Por esto, aconsejaron la aplicación de 12 medidas para evitar que se repitan casos similares. Entre éstas se incluye aumentar las sanciones -entre ellas las penas privativas de libertad- y revisar las sanciones a los organismos fiscalizadores del sector financiero públicos o privados que actúen con negligencia.