Defensores de DD.HH. exigieron frenar prescripción de crímenes de la dictadura uruguaya
Los delitos son casos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, sostuvieron.
Pese a aviso de la corte interamericana, el plazo para investigar los casos vence el 1 de noviembre.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron en Montevideo la verdad por los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) y clamaron contra la inminente prescripción de los mismos sin que aún se haya hecho justicia.
Decenas de manifestantes se congregaron frente al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ejército Uruguayo, un cuartel que durante la dictadura cumplió como centro de detención y torturas de detenidos, muchos de los cuales siguen aún en paradero desconocido, para exponer sus peticiones y recordar la lucha contra la impunidad.
Según explicó a la agencia EFE Lile Caruso, vocera de la Mesa Permanente contra la Impunidad, la idea de la movilización es recordar y exigir que Uruguay tiene la obligación de evitar que suceda la prescripción y llevar a la Justicia a sus responsables.
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| Los manifestantes llegaron a la sede del Ejército donde se cometían crímenes en dictadura. (Foto: EFE) |
Anular la Ley de Caducidad
Esta obligación, según Caruso, obedece a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó a Uruguay el pasado marzo por no haber juzgado los delitos cometidos en aquella época y le instó a anular la Ley de Caducidad, que impidió llevar ante los tribunales a sus responsables, además de obligarle a considerarlos como crímenes de lesa humanidad.
"Estamos en esta batalla y queremos insistir al Poder Legislativo para que promulgue cuanto antes una ley que evite la prescripción, pese a que también tenemos confianza en que el Poder Judicial acate la decisión de la CorteIDH y entienda que esos delitos son casos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles", añadió.
Caruso se refirió así a la situación creada en el país después de que la SCJ decretara en mayo pasado que los delitos cometidos en la dictadura fueron "ilícitos comunes" y no delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto prescriben el 1 de noviembre de 2011, al cumplirse el máximo de 26 años y 8 meses establecido por la ley para la prescripción de delitos comunes.