Senado brasileño aprobó comisión para aclarar crímenes de DD.HH. entre 1946 y 1988
El grupo evaluará en un plazo de dos años las violaciones de los derechos humanos en ese período.
Sin embargo, la comisión no determinará los "castigos" para los culpables.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño aprobó el texto del proyecto de ley para crear la llamada Comisión Nacional de la Verdad, con la que el Gobierno pretende investigar los crímenes no esclarecidos incluso durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
El texto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, fue presentado ante la Comisión por el senador opositor Aloysio Nunes y no sufrió modificaciones.
El proyecto fue encaminado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que deberá analizar el proyecto antes de que sea sometido a la votación en el plenario.
La propuesta contempla la creación de un grupo de siete personas, nombradas por la Presidencia, para que en un plazo de dos años evalúen las violaciones de los derechos humanos entre 1946 y 1988, período que incluye los años del Gobierno militar.
Nunes aclaró que la comisión no determinará los "castigos" para los culpables de los crímenes, que en principio están amparados por la Ley de Amnistía de 1979 y ratificada el año pasado por al Supremo Tribunal, lo cual acaba con cualquier posibilidad de revisión.
Los opositores al texto del proyecto que se tramita en el Congreso pretenden ampliar el plazo de vigencia del cuerpo colegiado, reducir el período de investigaciones e impedir que ex militares participen de la comisión.
Apoyo de Rousseff
La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, se comprometió en septiembre pasado a crear la comisión y dijo estar segura de que el proyecto va a salir del papel para saldar la deuda del Estado con "las generaciones pasadas, presentes y futuras".
La propia Rousseff estuvo presa entre 1970 y 1972 por su vinculación con grupos guerrilleros que se alzaron en armas contra la dictadura.
La comisión pretende depurar responsabilidades políticas, promover el derecho a la memoria histórica y también contribuir a la "reconciliación nacional", según el texto redactado por el Gobierno.