Morales promulgó ley que prohíbe carreteras en reserva natural indígena
Esto, luego que manifestantes indígenas acamparan frente al Palacio Quemado en señal de protesta.
Sin embargo, el mandatario no aclaró que pasará con el crédito de 322 millones de dólares otorgados por Brasil.
El presidente boliviano Evo Morales promulgó la ley que prohíbe la construcción de cualquier carretera en la reserva natural del Tipnis, tras ser forzado a ello por una marcha indígena que recorrió en 66 días más de 500 kilómetros desde la Amazonía a La Paz.
Vari
os líderes indígenas asistieron a la promulgación mientras sus bases seguían acampadas frente al Palacio Quemado, sede de la Presidencia, en la principal plaza de La Paz, adonde llegaron el miércoles pasado para obligar al mandatario a aceptar su demanda.
Morales dijo que cumplió "un pedido de los pueblos indígenas del oriente, que realizaron un sacrificada marcha a La Paz desde sus regiones de origen", pero insistió en que hay sectores que aún quieren esa vía de más de 300 kilómetros que empezó a construir en junio la firma brasileña OAS.
El Gobierno boliviano no aclaró hasta ahora qué hará con el contrato con OAS ni con el crédito de 332 millones de dólares que concedió Brasil para esa obra.
El líder del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, y el Presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, pidieron a Morales que cumpla su palabra de defender la Madre Tierra y los derechos indígenas.
"Pedimos al presidente, a todo su gabinete, respetar la Constitución, cumplirla y hacerla cumplir, actuar en el marco de la Constitución, las leyes nacionales, los convenios internacionales (...) De un gobierno indígena queremos que respete los derechos de los indígenas", dijo Vargas.
"Conseguimos que se atiendan todas las demandas y nos vamos con la ley como dijimos", agregó.
Los dirigentes ratificaron que el acuerdo que impusieron a Morales no anula las demandas penales que plantean en su contra, una de ellas por el delito de "genocidio", por la brutal represión policial de la que fueron objeto el pasado 25 de septiembre.