Isabel Allende presentó proyecto para prohibir y castigar homenajes a violadores de DD.HH.
La iniciativa de la parlamentaria del PS se originó tras el homenaje al ex represor Miguel Krassnoff.
La medida contempla multas e inhabilitación de cargos para funcionarios públicos.
La senadora Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende, presentó un proyecto de ley que prohíbe y castiga con multas a quienes convoquen u organicen homenajes a violadores de derechos humanos durante la dictadura militar.
La iniciativa se originó tras el homenaje organizado por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, ex guardaespaldas de Pinochet, en honor al ex brigadier Miguel Krassnoff, condenado a 144 años de cárcel por desaparición y secuestro de personas durante el régimen militar.
La moción de la parlamentaria busca impedir que se realicen cualquier clase de tributos a personas vivas o muertas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad.
Según un comunicado enviado por los encargados de prensa de la senadora, el proyecto ya fue remitido a la Comisión de Constitución para su posterior análisis.
Articulado del proyecto
Parte del articulado señala que las personas que convoquen o patrocinen actos en honor a violadores de derechos humanos, serán castigados con multas que alcanzarán los 3,8 millones de pesos.
Además, la persona que utilice fondos fiscales, patrocine o financie este tipo de homenajes, incurrirá en las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo en su grado medio y una multa cercana a los 15.000 dólares.
Allende argumentó que "durante la dictadura militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, se cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos".
Por lo anterior, subrayó, "constituye una obligación del Estado, la prohibición de honores, homenajes a aquellas personas, vivas o fallecidas, que hayan sido condenadas por crímenes de lesa humanidad".
"Asimismo, es importante, que la falta sea agravada cuando concurren en ella la utilización de recursos públicos o bien el patrocinio de funcionarios de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus cargos", sentenció.