Municipios y expertos cuestionaron estrategia del Minsal contra el embarazo juvenil

El plan del Ministerio de Salud para disminuir en 10 por ciento la tasa de embarazo adolescente ya genera los primeros cuestionamientos entre los expertos y autoridades municipales, que apuntan a temas como su extensión a colegios privados, el resguardo de la identidad y financiamiento como temas a resolver.

Son 90 mil jóvenes que se embarazan antes de los 20 años, realidad que las excluye del mundo laboral y estudiantil, según el ministro Jaime Mañalich.

"A esas niñas, jóvenes, (un embarazo) les resta posibilidades de desarrollo educacional y profesional y de inserción laboral, de manera tal que estamos hablando de un tema de salud pública que no tiene que ver sólo con elecciones de moral personal, sino en definitiva con la posibilidad de desarrollarse y llegar a ser un ciudadano con derechos y deberes", dijo Mañalich.

El programa, que comenzará en marzo de 2012, tendrá orientadores capacitados que encuestarán a los alumnos sobre conductas alimentarias, hábitos de sexualidad y consumo de tabaco en sus colegios. Los estudiantes podrán realizarse el examen del sida y pedir preservativos si los resultados arrojan que son sexualmente activos.

"¿Por qué no es universal?"Para la ex subsecretaria de Salud Jeannette Vega, "uno se pregunta por qué solamente los condones, porque si el objetivo es disminuir la tasa de embarazos también deberían poner a disposición la anticoncepción para las niñitas, y dos, la están haciendo solamente donde pueden y de manera parcial".

"Si están tan convencidos que esto funciona, ¿por qué sólo lo hacen en el segmento más pobre, por qué no es universal?", se preguntó Vega, mientras que Daphne Concha, de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, señaló que apoyan la medida pero reservando identidades de los menores.

"Si el estudiante quiere pedir un condón o necesita hacerse un examen, un test de embarazo o saber si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual", pero "no se resguarda su identidad, ningún estudiante estaría dispuesto a dejar su nombre y sus datos para después ser o discriminado o apuntado con el dedo", afirmó Concha.

Visión de los alcaldes

Desde el mundo municipal, el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete (PPD), aseguró que las políticas públicas para disminuir los embarazos juveniles deben gestionarse en conjunto con los municipios, por lo que "la idea de acercar tanto la información como la disponibilidad es indispensable".

"Quien tiene la relación entre salud y educación, quien puede agregarle matronas, asistentes sociales, sicólogos y sociólogos para una política de afectividad se tiene que hacer en los municipios", sostuvo el jefe comunal, mientras que Manuel José Ossandón (RN), de Puente Alto, exige al Minsal que el programa tenga financiamiento exclusivo.

"Nosotros hemos muchas veces tenido que comprar todo tipo de métodos artificiales financiados por la corporación ya que el ministerio no cumplía. Nosotros no tenemos ningún problema" pero "esperamos que no sea una estrategia de marketing, porque bajar el 10 por ciento de los embarazos juveniles solo por eso me parece bastante extraño", detalló.