Anglo American espera que honorarios de sus abogados sean pagados por Codelco
La transnacional presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones.
Jurista dijo que la minera "mal utilizó" su condición de empresa estatal.
La minera británica Anglo American pidió que Codelco pague el costo de sus abogados y de los 11 informes en derecho que ingresó para que se rechazara el recurso de protección que congeló la venta de acciones de la ex Disputada, en diciembre pasado
Luego del desistimiento de Codelco a esta acción cautelar constitucional presentada contra Anglo, la empresa multinacional contraatacó y solicitó a la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones que condene a la estatal en costas.
En un escrito firmado por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, Anglo American se queja que la acción constitucional fue presentada sólo con fines instrumentales, para evitar que la compañía pudiera vender, antes del 31 de diciembre, el 24,5 por ciento de las acciones de la mina ex Disputada.
Aquello, dice el documento, queda de manifiesto en el desistimiento y en la presentación de una demanda ante la justicia civil por parte de Codelco.
Abogado: Codelco debe pagar el "grave daño"
"Lamentablemente lo que esta parte señaló tantas veces que iba a ocurrir ocurrió. Ya terminada la tramitación de esta causa y ad portas de una sentencia judicial que debía rechazar la abusiva acción perpetrada en estos autos, Codelco, sin siquiera sonrojarse, se desistió de su recurso de protección", detalla el escrito.
En ese marco, el jurista advierte que lo ocurrido "es de la mayor gravedad", por lo que adelantó que recurrirían a organismos internacionales para buscar indemnizaciones por el daño al patrimonio causado.
"Corresponderá a los tribunales ordinarios e internacionales juzgar respecto de las indemnizaciones que Coldeco y el Estado de Chile deberán pagar a Anglo American por el grave daño que sus incumplimientos contractuales y actuaciones abusivas le han irrogado", enfatizó.
Finalmente, Eyzaguirre advierte que por ser una empresa del Estado, Codelco tiene mayor responsabilidad para "respetar la institucionalidad vigente".
"No obstante ello, mal utilizó dicha condición con la finalidad de instrumentalizar y abusar de esta acción cautelar y de nuestros tribunales, en aras de un cometido lícito: deshonrar un contrato válido y exigible", concluyó.