Imputados del crimen del cabo Moyano: "Somos prisioneros de un gobierno de ricos"
Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste publicaron un comunicado desde la Cárcel de Alta Seguridad.
Denunciaron acciones de hostigamiento contra sus familiares, incluyendo parejas, hijos y padres.
A través de un comunicado escrito desde la Cárcel de Alta Seguridad, los ex lautaristas Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega insistieron en su inocencia respecto del asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano Farías, quien fue asesinado el 18 de octubre de 2007 al intentar repeler un asalto a una sucursal bancaria del Banco Security.
En el texto, que fue reproducido por el sitio web de la Radio 1 de Mayo de la Población La Victoria, los imputados acusaron sufrir "persecución política, policial y jurídica por parte del Estado chileno con sus aparatos de represión policial", la cual "trasciende a nuestras familias por medio del hostigamiento, la amenaza y la instauración del miedo".
"Desde el momento en que se urde la ficción orquestada por tribunales militares, posterior a asalto de una entidad bancaria y la muerte de un celador del estado, el hostigamiento, las amenazas y el miedo se hacen sentir en el núcleo de seres más cercanos a nuestras vidas", señala el comunicado, que acusa "represión a la cotidianidad de la vida de nuestras compañeras, hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres y padres".
"Ser familia de un rebelde, de un luchador, un anarquista o de un subversivo, clandestino o encarcelado, legitima y justifica el sin razón desquiciado de sus actos institucionalizados, donde la tortura no es historia sino presente de aparatos reciclados y experimentados en la custodia de los ricos, su clase y su normativa", se agrega.
"La condena no se sustenta en pruebas"
"En nuestra condición de enemigos del Estado chileno somos caras concretas que desplegamos una forma de vida opuesta, donde nada tenemos que ver con normas, valores y sometimientos impuestos por los ricos y sus estructuras. Somos prisioneros de un gobierno de ricos y para su clase, donde el Estado con odio parido nos mantiene rehenes de un marco jurídico en sus cárceles empresas",se acusa.
Esta reclusión se ha extendido "por más de dos años", pese a que "la fantasía del caso Security no se sustenta en ninguna prueba concreta y veraz", y "en ningún caso" ha habido "una revisión rigurosa de la investigación", acusan además los imputados.
"Sepan que estamos vivos, enteros y dispuestos, somos una familia, una comunidad, un piño, donde el amor no se transa y las ideas no están en venta. (...) Ni ayer ni hoy apagan el brillo cómplice libertario de nuestros ojos", concluye el texto, que aparece firmado por "Juan Aliste Vega, Preso subversivo"; "Marcelo Villarroel, Preso libertario" y "Freddy Fuentevilla, Preso mirista".
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| Los ex lautaristas atribuyeron su condena a una "ficción orquestada por tribunales militares". (Foto: UPI) |
El caso
El 18 de octubre de 2007 fue asesinado el cabo Luis Moyano, luego de que se enfrentara a tiros con dos delincuentes que asaltaron el banco Security ubicado en calle Agustinas 615.
De acuerdo a la acusación, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste Vega, Carlos Gutiérrez y Víctor Hugo Jerez huyeron de la sucursal con un botín de 20 millones de pesos.
Cuando se dieron a la fuga, tres de ellos abordaron un automóvil, mientras que los otros dos, Fuentevilla y Villarroel, escaparon en motocicleta, encontrándose con Moyano, a quien le dispararon en cuatro oportunidades, provocándole la muerte camino a la Posta Central.
Tras los hechos de octubre de 2007, Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla huyeron hacia Argentina, donde permanecieron ocultos en el anonimato hasta que, en marzo de 2008, fueron detenidos por Gendarmería trasandina, luego de un incidente con armas de fuego en un pub de San Martín de Los Andes.
En diciembre de 2009 fueron expulsados y dejados en la frontera, donde funcionarios policiales chilenos tomaron su custodia, sometiéndolos a la Justicia.
En tanto, en julio de 2010, Juan Aliste Vega fue también detenido en Argentina, en su caso en Buenos Aires. Trasladado a Chile, fue formalizado por la Justicia Militar, siendo luego derivado hasta la Cárcel de Alta Seguridad, donde permanece hasta hoy en extremas condiciones de reclusión, según ha denunciado.