Harboe lamentó que el Gobierno aún no promulgue ley que termina con abusos de Dicom
El Ejecutivo se había comprometido a mandarla este lunes a más tardar.
Así le dan espacio a que siga la venta de las bases de datos, dijo el parlamentario.
Pese a la promesa del Gobierno de promulgar este lunes la ley que termina con los abusos del Dicom, la medida no se concretó, algo que molestó al diputado PPD Felipe Harboe, principal impulsor de la medida.
H
arboe llegó la semana pasada a La Moneda para pedir su promulgación, ya que la empresa Equifax estaba vendiendo sus bases de datos antes de ser borradas, a lo que el ministro vocero Andrés Chadwick replicó que lo harían a más tardar el lunes, cosa que no ocurrió.
Desde sus vacaciones, el diputado señaló que "me parece muy grave, ya que hice una denuncia bastante delicada, la empresa sigue vendiendo sus bases de datos, lo que va a significar que más de seis millones de registros vayan a registros clandestinos de las empresas".
"Le he dicho esto al Gobierno y no sé, no quiero pensar mal, pero el silencio del Gobierno le hace un buen negocio a la empresa, entonces yo llamaría -tal como se lo pedí al ministro (Rodrigo) Hinzpeter a través de un correo electrónico- que por favor se preocuparan de hacer lo que tienen que hacer que es cumplir con la ley, no les estoy pidiendo un favor", recalcó el parlamentario.
Desde la Segpres, no quisieron referirse al tema, y el oficialismo dijo desconocer por qué la medida no se decretó: de todas maneras, el diputado RN Frank Sauerbaum no cree que la demora provoque la venta de datos.
"Hay que darle prioridad al proyecto y promulgarlo lo antes posible para que sea ley ahora antes de marzo. Lamento que no haya sido el día de ayer, espero que sea a la brevedad nomás", manifestó Sauerbaum, quien no cree "que las empresas vayan a arriesgarse a hacerlo".
La Conadecus, en tanto, calificó la demora de grave: según Hernán Calderón, su presidente, "eso les da más lugar para que estas empresas sigan haciendo ese tráfico de información para poder venderlas a distintas instituciones".
Calderón dijo que esto es grave porque "esta era una promesa que se hizo para poder promulgarla rápidamente para no darle lugar a estas empresas que sigan utilizando esta base de datos en perjuicio" de los cuatro millones de personas en la lista.