Corte Suprema: Causas por derechos humanos terminarán solo con una sentencia definitiva
Rubén Ballesteros informó que aún hay 1.268 juicios en trámite por crímenes de la dictadura.
Recalcó que no habrá sobreseimiento en la tramitación de estos casos.
En Chile todavía hay en trámite 1.268 juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, reveló el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.
Al inaugurar oficialmente el año judicial 2012, Ballesteros dijo que el número de causas aumentó significativamente en 2011, con el ingreso de 726 denuncias, correspondientes a casos que no habían sido investigados antes por la Justicia.
"Esas causas se van a terminar con una sentencia definitiva, después de un proceso totalmente tramitado, establecidos o no los hechos que constituyen delitos y las personas que fueron responsables. No va a haber sobreseimiento ni ninguna cosa, las causas tienen que llegar a su fin y para eso no hay plazo", dijo Ballesteros.
Esta postura del presidente del máximo tribunal fue comentada por el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien si bien dijo que era importante que no se coartaran las investigaciones en estas materias, si es importante fallarlas cuanto antes, porque hay personas que se ven afectadas por las decisiones judiciales.
"Pero también aquellas personas que tienen largos procesos judiciales y que no tienen nunca una sentencia, porque si bien es cierto que tener una sentencia es duro, en esta materia es preferible un final doloroso que un dolor sin fin. Aquí hay dolores sin fin que afectan a las víctimas y a aquellos están imputados y no tienen certeza si van a ser declarados libres o culpables", aseveró el secretario de Estado.
En su discurso, el presidente de la Corte Suprema también abordó las críticas que surgieron el año pasado desde el Gobierno hacia los jueces y fiscales por ser supuestamente "blandos" con los delincuentes.
Al respecto, Rubén Ballesteros demandó respeto por la autonomía del poder judicial, recordando que la justicia y el Estado de Derecho sólo se pueden garantizar si quienes hacen cumplir las leyes actúan de forma realmente independiente.
La autonomía, subrayó, es fundamental para garantizar a la población los derechos fundamentales y garantizar "una Justicia competente, laboriosa, libre de toda influencia ajena al derecho mismo, en favor de todas las personas sin distinción de ninguna clase"