Justicia española solicitó extraditar seis ex agentes DINA por caso Soria
Entre ellos se encuentran el "Mamo" Contreras y Michael Townley.
La solicitud fue valorada por el abogado de la hija de Soria y familiares de detenidos desaparecidos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española pidió el procesamiento y la extradición de siete ex agentes de la DINA por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, hecho ocurrido en los primeros años de la dictadura militar en Chile, solicitud que debería llegar en un mes a la Corte Suprema.
El fiscal Carlos Bautista solicitó se establezca la orden de detención internacional contra los implicados -de los cuales permanecen seis en el país y uno en EE.UU.-, a quienes acusa de cometer delito de genocidio, asesinato y detención ilegal, entre ellos el propio ex director del aparato de inteligencia, Juan Manuel Guillermo Contreras, más conocido como el "Mamo".
El resto de las peticiones de extradición son para los capitanes Guillermo Salinas, Jaime Lepe y Pablo Belmar, al teniente René Patricio Quilhot, el sargento José Remigio San Martín, además del jefe de la agrupación Quetrupillán, Michael Townley, quien habría cedido su casa en Lo Curro como escenario para las torturas perpetradas contra Soria.
La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976 cuando Soria, que trabajaba para la Cepal, es víctima de una en una cadena de delitos de plagio, tortura y asesinato, hechos que quisieron hacer pasar como un accidente de tráfico inyectándole media botella de pisco en su cuerpo.
Luego, se indica, se lanzó su cuerpo al Canal del Carmen junto a una nota que simulaba a un supuesto amigo que le contaba infidelidades de su esposa.
"Responsabilidad universal"La iniciativa del persecutor hispano fue valorada por Alfonso Insunza, abogado de la hija de Carmelo Soria, quien reconoció que lo que no se hizo en Chile, "lo está haciendo España".
Asimismo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, catalogó la solicitud judicial como una "muy buena noticia" y aseguró que son "dos cosas las importantes: una la responsabilidad universal de perseguir a los genocidas y a los violadores de derechos humanos, y lo segundo es una señal al Poder Judicial y también es una señal al Gobierno de Chile, a todas las instancias que tienen que resolver el término de la impunidad en el país".