Pastora aymara reaccionó "sorprendida" a decisión de Piñera que reduce su pena
Gabriela Blas fue condenada por abandono con resultado de muerte de su hijo Domingo.
Su pena a 12 años de prisión fue reducida a la mitad.
La pastora aymara Gabriela Blas fue indultada por el Presidente de la República tras cumplir cinco años de cárcel, condena por abandono con resultado de muerte de su hijo Domingo, de tres años. Ahora sólo deberá cumplir la mitad de los 12 años que estipulaba su pena.
En julio de 2007, Blas cuidaba a un grupo de llamas en el altiplano de Parinacota cuando se percató de que dos animales se habían separado del rebaño. Dejó a su hijo por unos minutos para buscarlos y al volver no lo encontró.
Estuvo todo el día tratando de encontrarlo y al día siguiente recorrió 17 kilómetros a pie para buscar ayuda de Carabineros. El cuerpo del niño apareció meses después.
En ese momento la mujer fue detenida y se inició un juicio que terminó con la condena a 12 años de cárcel, lo que fue calificado por la defensa como una detención legal con faltas al debido proceso y discriminación cultural y de género, por considerar sus abogados que su pena se debió a una visión urbana, occidental, de la conducta que se espera de una madre sin considerar elementos culturales de la madre en cuanto a pastora aymara.
El defensor público Víctor Providel fue a la cárcel de Arica para informarle a Gabriela del indulto presidencial. Luego contó que "en un primer momento se mostró sorprendida. Luego preguntó si salía en libertad, qué pasos debía seguir. Le explicamos que la rebaja de condena no significa la libertad inmediata, sino que le da la posibilidad de obtener la libertad en un plazo mucho corto del que estipulaba la sentencia".
Denuncia contra el Estado chileno
La Corporación Humanas, que había defendido a la pastora, celebró el indulto, pero según informó su abogada Cecilia Lagos, no es suficiente: "Si bien este indulto es un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, por la gravedad de lo que sucedió se le debió perdonarle completamente la pena. Este hecho implicó la discriminación de Gabriela en cuanto a indígena y en cuanto a mujer, con una pena completamente desproporcionada".
Por esa razón, en conjunto con la fundación Observatorio Ciudadano, Humanas interpuso una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado chileno.