Informe de la PDI acusa falsificación de documentos en base aérea del Ejército

Un informe enviado el pasado 9 de mayo por  Brigada de Lavado Activos (Brilac) de la PDI al juez Juan Cristóbal Mera acusa posibles falsificaciones en órdenes de adquisición emitidas desde la Brigada de Aviación de Ejército (Bave) en Rancagua para justificar el pago de un convenio de mantención con una empresa, el cual que "nunca fue protocolizado ni autorizado oficialmente".

Según informa este lunes La Tercera, el inicio del caso se remonta al año 2009, cuando se inició la investigación por una posible malversación de caudales públicos por el pago de piezas inexistentes para la mantención y reparación de piezas de aviones CASA 235 de la citada unidad militar, por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

El CDE sospechaba malversación de caudales públicos en la mantención de aviones modelo CASA 235.

Luego de casi tres años de investigación, el juez Mera cerró el sumario al determinar que no hubo malversación, aunque el Consejo de Defensa del Estado apeló a la Corte Marcial y solicitó el procesamiento de un oficial en retiro y otro activo por la posible adulteración de los documentos.

De acuerdo al documento de la PDI, entre 2003 y 2007 la Brigada de Aviación mantivo un convenio con la empresa Dekoven, representada en Chile por El Alba S.A y Manuel Lizana Varas.

"Documentos ideológicamente falsos"La Brilac detectó que las órdenes cuestionadas (que en un principio se pensó que era un fraude), finalmente se realizaron para pagar el convenio que nunca existió oficialmente, pero que sí se llevó a cabo.

"Las órdenes tramitadas entre 2003 y 2007 fueron gestionadas por conceptos de reparación de rotables y mantenimiento programado, lo cual conforme a lo declarado por funcionarios del Ejército, era completamente ficticio, toda vez que dichos elementos jamás salieron del país y el servicio de mantenimiento programado no era efectivo en ese momento", señala una de las conclusiones del peritaje.

Los policías agregan que "este procedimiento fue adoptado debido a que el convenio nunca fue debidamente autorizado ni protocolizado por la superioridad y, por ende, las órdenes y las actas de recepción confeccionadas por la Bave para justificar la inversión se trata de "documentos ideológicamente falsos".

Respecto a las facturas, la PDI recomienda al juez enviar los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos "por una eventual responsabilidad que pudiera tener la empresa Dekoven Enterprises por haber entregado al Ejército facturas comerciales ‘ideológicamente falsas'".

Una alta fuente judicial dijo a La Tercera que la razón por la que el juez cerró el caso se debe a que no se acreditó un perjuicio fiscal, dado que los trabajos del convenio se realizaron y no hubo malversación. Respecto a la falsificación, señaló que estas sólo quedaron dentro de la esfera administrativa.