Allamand ordenó restringir sospechosas "hospitalizaciones" de Álvaro Corbalán

El ministro de Defensa, Andrés Allamand, ordenó una serie de medidas tendientes a restringir las estadías de Álvaro Corbalán Castilla, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en el Hospital Militar.

Allamand adoptó esta decisión tras revelarse que el ex uniformado, condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, ingresó en 81 ocasiones durante los últimos nueve años de la prisión que cumple en Punta Peuco al recinto médico, periodo en el que permaneció hospitalizado un total de 259 días.

Corbalán, condenado a cadena perpetua por sus crímenes, tenía libre circulación y acceso al teléfono en el recinto médico.

La información emanó de un informe entregado por Gendarmería a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que mostró que algunas de las hospitalizaciones de Corbalán respondían a la detección de caries y a la extracción de sangre para exámenes médicos, hecho que fue condenado por los parlamentarios.

A ello se agregaban versiones de que el mayor en retiro se movía sin restricciones en el recinto hospitalaria, recibía todo tipo de visitas y tenía libre acceso al uso del teléfono.

Tras esto, según un documento difundido por La Tercera, Allamand dispuso que se dé "estricto cumplimiento a los protocolos de atención del Hospital Militar, especialmente en cuanto a duración de procedimientos, períodos de control y permanencia en el recinto de salud".

Ordenó también "coordinar con el área médica de Gendarmería la pertinencia de las interconsultas y su eventual hospitalización".

Finalmente, advirtió que "la responsabilidad administrativa de las hospitalizaciones será asumida por el director del Hospital Militar, el coronel Jorge Rivas, y que éste deberá comunicar inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tanto la fecha de ingreso y orden de hospitalización, como la de egreso y alta médica" del criminal.

Reacción de los parlamentariosEn una conferencia de prensa realizada esta mañana, los diputados de PPD Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez valoraron la decisión del titular de Defensa, aunque insistieron en la importancia de que se establezcan responsabilidades políticas y administrativas por las irregularidades denunciadas.

"Ha sido una burla hacia todos los chilenos lo que ha hecho Corbalán y queremos ponerle fin. Valoramos lo que ha hecho el ministro de Defensa, pero tenemos que saber qué ocurrió hacia atrás, qué responsabilidades o irregularidades hubo, y si hay responsabilidades políticas, administrativas, que los responsables paguen eso", dijo Tucapel Jiménez.

El abogado y asesor del parlamentario, Jorge Mario Saavedra, opinó en la misma instancia que en este tema "la mayor responsabilidad es del director de Gendarmería, pero el Ejército, a su vez, aparecería a lo menos, si hay delitos en estas actividades, como cómplice".

"No puede ser que una persona de la peligrosidad de Corbalán, condenado a cadena perpetua por horribles homicidios, vaya al Hospital Militar y éste se transforme en un hotel de cinco estrellas para él. Él sale, habla por teléfono, se pasea, se mofa de la gente, y eso tiene que terminar absolutamente, por el sentido de justicia que tiene el tema como imagen para el país", añadió el jurista.

Jiménez y su abogado no descartaron seguir acciones legales y anunciaron que estudiarán la opción de pedir que se constituya una comisión investigadora por este caso.

Corbalán es uno de los más emblemáticos ex agentes de la dictadura y cumple cadena perpetua por una serie de crímenes, entre ellos el secuestro y degüello, en 1982, del líder sindical Tucapel Jiménez, padre del diputado del mismo nombre.