AI: Gobiernos americanos dan prioridad a beneficios económicos por sobre los indígenas
Documento analizó incumplimientos de la obligación de consultar a pueblos indígenas en proyectos que los afecten.
"Hacer caso omiso de esa obligación solo sirve para crear un clima de mala fe", dijo Mariano Machain.
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) criticó a los gobiernos del continente americano por dar prioridad a los beneficios económicos sobre los derechos de las comunidades indígenas.
En un comunicado divulgado con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se celebra el 9 de agosto, AI denunció que los gobiernos dan más importancia a los beneficios que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas.
El documento analiza el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
Mariano Machain, responsable adjunto de investigación y acción sobre derechos económicos, sociales y culturales de la organización, recordó que "los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten".
"Hacer caso omiso de esa obligación solo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", agregó.
En un momento en que proliferan los proyectos que invaden las tierras de los indígenas, este portavoz subrayó "el importante impacto negativo" que pueden tener sobre esos pueblos y añadió que esos planes "solo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado."
En su informe, AI analizó las deficiencias detectadas en las gestiones de los gobiernos sobre asuntos concretos, entre las que incluye una "falta de transparencia y buena fe" y las "amenazas y cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos".
Además, la organización pro derechos humanos también lamenta el hecho de que los gobiernos "no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos".