Expertos apuntan a "certezas jurídicas" para enfrentar los desafíos energéticos
Analistas conversaron luego de lo ocurrido con Central Castilla.
En el programa Empresas en Acción se profundizó sobre el tema.
Las recientes situaciones judiciales donde la Corte Suprema paralizó el proyecto de la Central Castilla, junto con el interés en materia ambiental y las declaraciones de personeros del Estado en virtud a la institucionalidad vigente, ha llevado a evaluar los desafíos energéticos que hay en el país para establecer una balanza entre lo social, económico y judicial.
En Empresas en Acción, Nicola Borregaard, gerenta de Energía y Cambio Climático de la Fundación Chile, informó que hay "un círculo vicioso" que se vinculan a "altos costos, un descontento social y problemas con abastecimiento" los cuales están identificados en el uso de "unidades centrales diesel que, en realidad, deberían funcionar a nivel de respaldo en el sistema", pero que son ocupados "de manera más permanente porque no hay suficiente energía en el sistema".
Además, Borregaard indicó que hay cerca de "15 mil megawatts aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que no se están construyendo en proyecto" porque muchos de estos tienen problemas con la jurisdicción y el descontento social.
En el mismo programa, Ignacio Larraechea, gerente general de Acción RSE, señaló que el bajar los costos de las energías es "clave para continuar hacía el desarrollo" y donde "un empresario siempre va a preferir certezas jurídicas" porque "en el mundo al cual exporta le van a pedir cuentas de su huella de carbono" y es por esta misma razón donde "la empresa ya se ha dado cuenta que tiene que responderle a la sociedad".
No obstante, Larraechea dijo que lo más complejo en estos momentos es "la sensación de creer que estamos haciendo las cosas bien, que damos los pasos necesarios y que, finalmente, una instancia judicial, como sucede en el caso de Castilla, se detiene el avance del proyecto" y es ahí donde "ninguno de los actores está contento con este orden de cosas".
Por otra parte, Nicole Neme, socia del estudio jurídico Ferrada y Neme, señaló que el marco de la judicialización no es un problema, "más bien es un síntoma" de un diseño regulatorio que "no da más" y que debiese existir un cambio en la normativa que sea un "diseño estatal, con la debida coordinación con los privados" que tenga proyección y que facilite el dialogo con las comunidades.