Valdivia: Homicida y violador de niña fue condenado a cadena perpetua calificada

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Autor: Cooperativa.cl

Josué Miranda Bustos, de 44 años, asesinó a Madeleine Pichihuinca, de 12, en mayo de 2011.

El fallo fue celebrado por el Gobierno.

 Defensoría Penal Pública

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a presidio perpetuo calificado a un hombre de 44 años identificado como Josué Martín Miranda Bustos, sindicado como autor material del homicidio y la violación de Madeleine Pichihuinca, una niña de 12 años, en hechos ocurridos en esa ciudad en mayo de 2011.

Según informó el Canal 24 Horas, el crimen ocurrió cuando la menor de edad abordó el taxi de su agresor, vecino y padre de una amiga, quien la trasladó hasta un sitio alejado, donde procedió a violarla y luego matarla, para dejar su cuerpo abandonado en un sector boscoso en las afueras de la ciudad.

"Nos sentimos sumamente satisfechos, porque el fallo demuestra que este tipo de crímenes, que truncan la vida de personas tan inocentes como los niños, no quedan impunes en nuestro país", dijo Ramón Suárez, presidente de la Fundación Amparo y Justicia, que representó gratuitamente a la familia en el caso.

"Esta sentencia es contundente y, sin duda, constituye un enorme avance en el proceso reparatorio de los familiares de la niña. Si bien, aún nos queda un largo camino de contención y apoyo, creemos fundamental una sentencia justa para que los afectados puedan superar, en parte, su profundo dolor y enfocarse en su recuperación emocional", comentó Gonzalo Fuenzalida, jefe nacional del Programa de Apoyo a Víctimas del Ministerio del Interior.

"Esta condena es el resultado del arduo trabajo de la Fiscalía junto a los organismos colaboradores, el que nos permitió acreditar todos los hechos por los cuales la Fiscalía acusó, además de la calificación jurídica de violación con homicidio y la participación del acusado", agregó Fuenzalida.

El trabajo conjunto entre Fundación Amparo y Justicia y el Programa de Apoyo a Víctimas se enmarca en un convenio firmando en diciembre de 2011 y que busca garantizar asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a familias de escasos recursos que han perdido un hijo o hija producto de un delito sexual con resultado de muerte, consigna la publicación.