Fiscal ordenó a la PDI obtener información contable de la Universidad Autónoma
Se busca determinar los vínculos de la casa de estudio con sociedades relacionadas.
La Confech había hecho una solicitud similar ante la Contraloría el día de ayer.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ordenó a la Policía de Investigaciones obtener la información contable de la Universidad Autónoma entre 2005 y 2012, en medio de la indagatoria del denominado "caso lucro", que salpicó esta semana al actual ministro de Justicia y ex rector de esa casa de estudios, Teodoro Ribera.
La iniciativa busca determinar los vínculos entre la casa de estudios y sus sociedades relacionadas, que motivó ayer una petición formal de dirigentes de la Confech a la Contraloría para que investigara el vínculo del ministro con la Inmobiliaria Gaudi, creada por su padre (Teodoro Ribera Beneit), y que arrienda inmuebles a la Universidad Autónoma.
El fiscal que investiga el caso, Carlos Gajardo, envió un oficio a la PDI caratulado como "requerimiento de información" con el folio 186 2012, donde solicita que se indaguen los pagos y contratos de arriendo de inmuebles suscritos por la corporación entre el 16 de junio de 2005, cuando entró en vigencia la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, y el 13 de agosto de este año.
Efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos ya concurrieron a la casa de estudios para pedir dicha información.
Estas gestiones se dan a pocos días de conocerse públicamente los correos electrónicos intercambiados entre Ribera y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz (hoy preso por cohecho y lavado de activos), en los que éste pedía "favores personales" y beneficios para sus parientes al entonces rector de la U. Autónoma.
Ribera ha tenido que salir a dar explicaciones públicas desde el inicio de la semana, donde ha negado cualquier relación indebida con Díaz para favorecer la acreditación del plantel. A Eugenio Díaz lo contrató, ya estando en el Gobierno, para realizar estudios para Gendarmería.
"Me han tratado de crucificar en estos días", alegó ayer Ribera en diálogo con Cooperativa.
Fiscalía asegura independencia y descarta privilegios
A este caso se refirió ayer el fiscal nacional, Sabás Chahuán, quien aseguró la independencia del Ministerio Público para investigar, más allá de quién pudiera verse involucrado.
"Da lo mismo quién cometa un ilícito o quién no lo cometa; la única manera de dejarlo claro es que la Fiscalía investigue con rigurosidad, con autonomía, con independencia y, sobre todo, con claridad", dijo Chahuán.
"El delito de corrupción o los delitos que involucran corrupción son también una forma de violencia que se ejerce sobre la sociedad al ver defraudadas, en este caso, las expectativas legítimas de los jóvenes que van a estudiar", expresó el jefe de la Fiscalía, que hoy insistió en el concepto y descartó cualquier clase de "privilegios" para los investigados.
No habrá "ninguno, con nadie. Si usted cita al fiscal nacional o al ex fiscal nacional o al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la República, al contralor, todos colaboran", dijo Chahuán.
"En este caso no hay ninguna diferencia" y eso "siempre se ha reconocido por todo tipo de autoridades de este Gobierno y el anterior".
"Por lo demás, el ministro ha dicho que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea. Así corresponde, es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano, y máxime si es una autoridad. Si a mí me citan a declarar en alguna causa, si soy autoridad, tengo un deber adicional, porque represento a todos los chilenos", sentenció.
Mineduc pide antecedentes
El ministro Harald Beyer afirmó no tener "comentarios" que hacer respecto de la petición del fiscal Gajardo, aunque señaló que "está en todas sus atribuciones y es parte de su labor".
Desde el Ministerio "ya pedimos los antecedentes y estamos esperando que nos lleguen a través del Consejo de Defensa del Estado", que es querellante en la causa.
"Hemos dicho al Consejo de Defensa del Estado que pida los antecedentes de todo el proceso. Por lo tanto, si ahí hay antecedentes, indudablemente que los vamos a recibir", indicó.
Diputado DC: Finalmente las universidades violan la ley
También durante la pasada jornada la Cámara de Diputados aprobó, por 51 votos a favor y sólo una abstención, crear una segunda comisión investigadora referida a este tema.
Silber reconoció "el gesto del ministro", quien se comunicó con él, le pidió una reunión, y en ella "me entregó, efectivamente, todos los antecedentes que constan en la contratación de Luis Eugenio Díaz en Gendarmería, los productos (elaborados) y su perfil profesional, pero obviamente los actos de fe son más bien de la política que de la labor fiscalizadora".
"Estamos auditando dichos antecedentes. Hacemos fe, a lo menos, de que materialmente esas asesorías existen. Agradecemos el buen ánimo del ministro de, incluso, ponerse a disposición de la comisión investigadora de la Cámara, que seguramente la próxima semana se pone en funcionamiento. Obviamente éste es el punto de partida que -en lo que se refiere a las aristas que están apareciendo- recién se está instalando", dijo Silber.
El legislador resaltó que más allá de esta última polémica referida a los presuntos sobornos en las acreditaciones, la comisión investigadora y la Fiscalía tienen una "competencia en el tema del lucro; un tema sabido, una verdad maciza es que finalmente las universidades violan la ley", señaló.
"Creo que aquí podemos tener un precedente judicial importante y respaldo la investigación llevada adelante por el Ministerio Público en cuanto a que tengamos también sanción respecto de esta otra arista, que tiene que ver con cómo violan las universidades la ley: no solamente esta universidad, sino muchas, pese a nuestra legislación, que prohíbe tajantemente el lucro en esta materia", declaró.
"El ministro debe primero cumplir la ley"
En este sentido, Silber criticó los dichos del ministro Ribera en una entrevista en Canal 13, en los que relativizó el tema del lucro, al mencionar que éste es legal y transparente en otros países.
Tales declaraciones "nos causan sorpresa y pavor, porque el ministro de Justicia lo que tiene que hacer, como cualquier chileno, es primero cumplir la ley. Podemos discutir en otro plano, en el Congreso, modificaciones sobre el rol de la educación superior, (pero) hoy hay pleno consenso en que es un bien público y está prohibido el lucro".
"Lo que le corresponde a quien pertenece o participa de propiedades respecto de esta área es cumplir la ley y no cuestionarla", concluyó.