Cámara aprobó informe de la comisión investigadora del caso bombas
El documento obtuvo 37 votos a favor y 15 en contra; cinco diputados se abstuvieron.
No se logró probar la tesis del montaje.
La Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora del caso bombas por 37 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones.
El caso fue debatido por un año y tuvo por objeto aclarar las circunstancias, acusaciones y omisiones del Ministerio del Interior vinculados a la colocación de artefactos explosivos desde el primer incidente, ocurrido en 2006 en Ñuñoa, y que luego incluyó cerca de 100 detonaciones.
El informe estableció que el ex fiscal Alejandro Peña, primero en llevar los casos, recibió una oferta de trabajo del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, un mes antes de dejar esta investigación. Sin embargo no logró comprobar la existencia de un montaje.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) expresó tras la sesión que "la comisión investigadora hizo un esfuerzo para arribar a la conclusión de que esto era un montaje. Lo han explicado bien los integrantes de esta comisión: por falta de cooperación de una serie de órganos públicos no pudieron acreditar el montaje".
Sin embargo, valoró que "los hechos que probaron son suficientes. Haber determinado que Ubilla un mes antes de que cesara en su cargo Peña ya le había ofrecido trabajo en el Ministerio del Interior es suficiente contaminación".
En la contraparte, Alberto Cardemil (RN), estableció que "es un informe que no reviste ninguna gravedad porque deja claro que no hay ningún montaje y ninguna irregularidad".
"A nuestro juicio esto iba más allá de lo que pasó en la comisión. Hace ciertos cargos que no están en absoluto comprobados. La idea de la Concertación era pegarle una rayada de pintura política al ministro Hinzpeter y al subsecretario del Interior", agregó el parlamentario.
El informe propuso modificaciones al Código Procesal Penal y fortalecer la independencia el Ministerio Público de otros órganos del Estado, especialmente del poder Ejecutivo. Además se plantea la limitación legal a quienes cesen el cargo de fiscal para que no puedan prestar servicios profesionales a quienes hayan sido intervinientes en procesos penales en los que el jurista dirija la investigación.