Aguas Andinas inició coordinación para el pago de indemnizaciones a vecinos de Puente Alto
Expertos de la municipalidad cotejarán su evaluación con los de la empresa.
El lunes se sostendrá una nueva reunión en la que se acordarán los montos a pagar.
Este jueves se reunieron en Puente Alto los vecinos afectados por la rotura de una matriz que inundó sus casas, el alcalde de la comuna, Germán Codina, y representantes de Aguas Andinas, empresa que inició la coordinación para el pago de indemnizaciones.
En el encuentro se determinó que de acá al lunes, expertos de la Municipalidad de Puente Alto evaluarán los daños casa por casa para cotejar los montos de las pérdidas con la evaluación que ya realizaron la empresa y los propios afectados.
El lunes se sostendrá una nueva reunión en el que se negociarán acuerdos sobre los montos a pagar y, desde ese momento, Aguas Andinas tendrá entre siete y 10 días para pagar en efectivo los costos de las reparaciones y los bienes siniestrados.
Posibles acciones legales
Ante la presencia de abogados que incentivan a los vecinos para que presenten acciones legales contra la sanitaria, el alcalde Codina precisó que "este no es momento de que haya personas oportunistas que se aprovechen del drama y que vengan a ofrecerle a los afectados promesas de indemnizaciones multimillonarias y rápidas porque eso no existe".
La autoridad comunal agregó que "cuando las personas entran en un juicio se demoran varios años y sabemos que es así, los juicios civiles se demoran y le digo a esos abogados inescrupulosos que andan dando vueltas, que por favor sean serios, estamos hablando de personas que sufrieron un drama, así que muchas gracias a esos abogados, pero no queremos el oportunismo que están buscando en este minuto".
La Superintendencia de Servicios Sanitarios ya inició el sumario por este episodio que buscará establecer probables responsabilidades de la empresa en posibles faltas de mantención de la matriz.
De determinarse responsabilidades de la sanitaria, Aguas Andinas arriesga multas que podrían llegar a las 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos 480 millones de pesos, por afectar la calidad del servicio.