Ex autoridades de educación respaldan acusación contra Beyer
Antiguos funcionarios del CSE y la CNA declararon en la comisión de la Cámara.
Académicos respaldan labor del ministro por su falta de facultades.
La defensa de Beyer se basa en su falta de atribuciones.
Ex autoridades del Consejo Superior de Educación (CSE) y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) respaldaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, que se discute en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión de este miércoles, la ex secretaria ejecutiva del CSE María José Lemaitre afirmó que desde 1990 se han cerrado 18 universidades a través de ese organismo y dos de esos casos, las universidades Real y de Temuco, perdieron sus licencias por lucro.
"Todas estas universidades que se cerraron las cerró el Consejo Superior de Educación durante el periodo de licenciamiento, antes de que se les certifique la autonomía. En el caso de las instituciones autónomas las facultades de fiscalización y sanción corresponden al Ministerio de Educación", afirmó Lemaitre.
Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA, acusó a Beyer de mentir: "Creo haber demostrado más allá de toda duda, con antecedentes específicos, que el ministro Beyer faltó al cumplimiento del estatuto administrativo por cuanto no denunció al Ministerio Público como la ley exige los casos de lucro o presunciones de lucro en las universidades del Mar, Santo Tomás y Uniacc. Y faltó al principio de probidad, que dice que debe actuar con honestidad, de forma recta".
Defensa del ministro
Diferente fue la postura de Jorge Bermúdez, profesor de derecho administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso, quien coincidió con la defensa de Beyer en cuanto a su falta de atribuciones.
"Para poder llegar a constatar las causales por las cuales procede la caducidad son el incumplimiento de estatutos de la propia universidad, no es el incumplimiento de la normativa legal que la regula, que es muy baja también. No es una infracción al ordenamiento jurídico y no hay siquiera una facultad de fiscalización", expuso el académico.
Y Rodrigo Correa, decano de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, planteó que "la legislación chilena no hay reglas específicas sobre lo que una universidad puede o no puede hacer. Lo que he afirmado es que es necesario que se dicte previamente legislación que establezca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Hoy eso no existe".