Abogados de Yasna Provoste: Inhabilitación de Beyer sería una aberración jurídica
"Será una injusticia" si el titular del Mineduc es impedido de ejercer por cinco años cargos públicos.
Es "la misma pena degradadora que cumplió la ex ministra", dijeron Roberto Garretón y Luis Eduardo Thayer.
Provoste fue destituida por el Senado el 16 de abril de 2008. El próximo martes, a exactos cinco años de aquello, la Cámara Alta revisará el libelo contra Harald Beyer.
Los abogados de Yasna Provoste ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Garretón y Luis Eduardo Thayer, emitieron una declaración pública "a raíz de la acusación constitucional al ministro Harald Beyer", en la que manifestaron su solidaridad con el secretario de Estado ante la eventualidad de que, si el Senado aprueba el libelo, éste quede inhabilitado para ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años .
"Sin emitir opinión saber la acusación al ministro Beyer, cuestión que corresponderá dirimir al Senado, no podemos dejar de señalar que, en el evento de que se le declare culpable y se le aplique, anexa a la destitución, la pena penal que prohíbe ejercer por 5 años cualquier cargo público, sin imputación de un delito y sin juicio penal, resultará ser la misma aberración jurídica y degradación cívica que, en su momento, se cometió con Yasna Provoste", señala el escrito.
"Será también una injusticia que, de aprobarse, la acusación al ministro Beyer, deba sufrir esa misma pena aberrante y degradadora que cumplió la ex ministra Provoste, lo que le impediría, por ejemplo, hacer clases en cualquier universidad del Estado", indica el texto.
Los abogados lamentan que los esfuerzos por "suprimir esa pena anexa" no haya prosperado "por maniobras de algunos que aún son senadores y otros que fueron y hoy son ministros, compañeros de gabinete de Harald Beyer".
El rol de Allamand
En la declaración pública los letrados apuntan también a la conducta del presidenciable RN Andrés Allamand en la acusación que destituyó a la ex ministra de Educación.
"La injusta acusación constitucional de la que fue objeto no tuvo más fundamento que una conjura política entre los acusadores de la Cámara de Diputados y los juzgadores del Senado", indica.
"Marcela Cubillos (parte acusadora) y Andrés Allamand (integrante del Jurado) destinaron un capítulo de su libro 'La Estrella y el Arcoiris' a autocomplacerse con su obsesión por el 'desalojo' de los gobiernos de la Concertación. Capítulo esencial del libro es su relato del plan para lograrlo, que llamaron: 'EL PRINCIPAL HITO OPOSITOR: LA ACUSACIÓN A LA MINISTRA PROVOSTE'", consigna.
"Hoy el señor Allamand rasga vestiduras acusando de 'política' o 'politiquera' la acusación al ministro Beyer. Y, aunque así sea, su incoherencia y doble estándar es evidente", ya que "votó a favor de la acusación (...) a sabiendas que su voto respondía sólo a un objetivo político planificado", alegan los abogados Garretón y Thayer.
"Su conducta concordada, además, con la diputada acusadora que era su pareja en ese entonces, hoy su cónyuge, y coautora de aquel libro, lo puso moralmente en el límite de lo que se denomina 'prevaricación'", dicen los abogados.
"Hubo un asesinato político"
Además, Garretón y Thayer lamentaron que no prósperara en en Congreso un proyecto de reforma consititucional presentado por el actual presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), y el ex senador socialista Ricardo Núñez, que proponde suprimir esta condena accesoria en las acusaciones constitucionales.
Según Pizarro, la iniciativa no ha prosperado por falta de voluntad política y señaló que "eso fue lo que le pasó a la ex ministra Yasna Provoste, donde hubo un asesinato político. Lamentablemente está congelado ahí en la comisión de Constitución. No ha habido voluntad política ni ánimo, ni tampoco este Gobierno ha manifestado condiciones ni está proclive a colocarle urgencia".
Por su parte, el senador Alberto Espina, miembro de la comisión de Constitución, no descartó que se pueda retomar la revisión de este proyecto.
"Cualquiera sea el nivel o profundidad de la imputación que se le hace a un ministro acusado por infringir la ley, no cabe regular eso. Por lo tanto, las sanciones de cinco años sin poder participar en ninguna actividad de servicio público, me parece extraordinariamente alta", señaló.