Al menos 26 muertos por ataque de fuerzas iraquíes contra manifestantes
Ciudadanos protestaban contra el gobierno de Nuri al Maliki.
El uso de la fuerza de la policía y FF.AA. fue criticado por los opositores.
Los manifestantes protestan contra el gobierno.
Al menos 26 personas murieron y otras 70 resultaron heridas en un ataque de las fuerzas iraquíes a una plaza de la zona de Al Hueiya, en el norte de Irak y escenario de protestas contra el Gobierno desde hace más de cuatro meses.
Fuentes policiales explicaron a Efe que las víctimas murieron por disparos durante una operación de miembros del Ejército y la Policía iraquíes que, apoyados por helicópteros, irrumpieron en la plaza de esa localidad de la provincia de Kirkuk para disolver la protesta de manifestantes suníes contra el primer ministro chií Nuri al Maliki.
Las fuentes precisaron que otro de los objetivos de la operación era buscar a los responsables de la muerte, hace unos días, de un soldado iraquí en un puesto de control cercano al escenario de las protestas.
Las autoridades acusaron entonces a los manifestantes de haber matado al militar, si bien los participantes de esas concentraciones negaron cualquier relación con el suceso y aseguraron que no van armados.
El pasado 26 de enero, cuatro soldados iraquíes fueron secuestrados y otros dos resultaron heridos en la ciudad de Faluya, al oeste de Bagdad, que había sido escenario un día antes de la muerte de seis manifestantes por disparos del Ejercito iraquí.
La zona de Al Hueiya, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de la capital iraquí, ha sido escenario de protestas como las que también se han desarrollado desde el pasado diciembre en distintas provincias del país como Al Anbar, Nínive y Salahedín.
En esas áreas, manifestantes suníes se quejan de la discriminación que dicen sufrir por parte del Gobierno central de Bagdad, liderado por Al Maliki.
Otras reivindicaciones son la liberación de los detenidos sin cargos, la suspensión de la condena a muerte y la anulación de la ley antiterrorismo, así como la prohibición del uso de eslóganes religiosos y los arrestos arbitrarios.